López Aguilar defenderá el jueves en el Congreso la reforma del recurso de casación y la doble instancia penal

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, defenderá el próximo jueves en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley orgánica que reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo relativo al recurso de casación y que generaliza la doble instancia penal. El Grupo Popular ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto en la que solicita la devolución del mismo al Gobierno por la "pésima técnica legislativa que entraña".

En su enmienda a la totalidad, el PP señala que el proyecto del Gobierno aborda "sin la debida sistemática nada menos que la reforma de 20 textos legales", mientras que advierte del "impacto negativo" para el ordenamiento jurídico que se produciría con su entrada en vigor. En opinión del Grupo Popular, la nueva regulación afecta "de modo relevante" al Tribunal Supremo y a su "tarea fundamental que es la defensa de la ley mediante la unificación de sus criterios de interpretación y aplicación".

De esta forma, la función "unificadora e interpretadora de la aplicación de la ley" del Tribunal Supremo como "garante de la igualdad en la aplicación judicial de la ley" puede "resentirse como resultado de reformas como la que contiene, o pretende, el proyecto de ley cuya devolución se interesa".

Según el PP, la Constitución define al alto tribunal como el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, mientras que su jurisdicción se extiende a toda España. Esta proclamación, que no está hecha "a efectos honoríficos o protocolarios", responde a la "tarea fundamental de asegurar una interpretación unitaria del ordenamiento jurídico".

Además de garantizar la igualdad de todos ante la ley y los principios de seguridad jurídica, el Supremo tiene también como función la "unidad del Poder Judicial". Es decir, sostiene que dicha unidad no sólo se garantiza con órganos de gobierno como el Consejo General del Poder Judicial, sino por la jurisprudencia.

"Y la unidad del ordenamiento que debe ser objeto de la intervención del Tribunal Supremo es consecuencia innegable del hecho mismo de que la justicia sea, con arreglo al artículo 149,5 de la Constitución, competencia exclusiva del Estado", señala el escrito del PP, que añade que el Poder Judicial es un "poder único que no puede ser objeto de división vertical desde un punto de vista territorial".

En este sentido, el Grupo Popular entiende que "la propia dinámica del ordenamiento que preside la Constitución" exige que al final "haya una sola voz, una sola respuesta jurídica para cada problema, que no puede ser otra que la del Tribunal Supremo, máximo órgano jurisdiccional en todos los órdenes".

"No parece lógico, ni tampoco serio, que toda la esencial función que cumple el Tribunal Supremo, principal y necesariamente mediante el recurso de casación quede reducido a una pura entelequia provisional y meramente indicativa para el resto de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial", concluye el escrito del PP, en el que solicita la devolución al Gobierno del proyecto de ley objeto de esta enmienda.

REFORMA DEL GOBIERNO

El Consejo de Ministros aprobó el 16 de diciembre pasado el proyecto de Ley Orgánica que une en un solo texto las reformas de 21 leyes procesales y las modificaciones realizadas en el recurso de casación y la doble instancia penal.

Según el Gobierno, uno de los objetivos de la presente reforma procesal es la generalización de la segunda instancia penal, para lo que se amplía el recurso de apelación, que se extiende a todo tipo de delitos, incluyendo las resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, que podrán ser revisadas por el Tribunal Superior de Justicia respectivo, y las de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que serán recurribles ante una nueva Sala de Apelación.

De esta forma, el recurso de casación ante el Tribunal Supremo se podrá interponer únicamente contra las infracciones que se pudieran haber producido en la aplicación del ordenamiento jurídico estatal, y está orientado a la unificación de doctrina ante discrepancias que puedan surgir entre resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia. Así se garantizará la igualdad en la aplicación de la ley entre diferentes tribunales, evitando las contradicciones en las resoluciones judiciales, lo que, según el Gobierno, repercutirá en una Justicia más eficaz e igualitaria.

La nueva configuración del recurso de casación permitirá al Tribunal Supremo unificar las resoluciones contrarias a la jurisprudencia del propio Tribunal o a la doctrina del Tribunal Constitucional o las contradicciones surgidas entre los TSJ, además de fijar jurisprudencia sobre normas nuevas.