López Aguilar denuncia que hay una "confusión" entorno al diálogo del Gobierno con Batasuna

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, denunció hoy que hay una "confusión" entorno al diálogo del Gobierno con Batasuna que consiste en "hacer pensar" que hablar con la formación ilegalizada es "poco menos que un delito de cooperación con el terrorismo". Explicó que "la finalidad" de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ilegalizó Batasuna no era "dejar fuera de la realidad y para siempre a un sector de la sociedad vasca".

"La confusión consiste en hacer pensar todo el tiempo que hablar con una de las personas que formaron parte de esa formación ilegalizada es poco menos que un delito de cooperación con el terrorismo", dijo. "Desde el punto de vista jurídico no tiene ningún sentido, pero desde el punto de vista político ignora que la finalidad de esa sentencia del TS y de la propia Ley de Partidos no era poner fuera de la realidad y para siempre a un sector de la sociedad vasca", afirmó en declaraciones a Punto Radio recogidas por Europa Press.

Según López Aguilar, el fin de la sentencia del TS que ilegalizó la formación batasuna fue hacer entender a la organización que "violencia y política son incompatibles". "La finalidad era hacer comprender que de ningún modo se iba a consentir que desde la política se intente acompañar y menos aún justificar o exaltar la violencia terrorista, que la violencia y la política son totalmente incompatibles", afirmó.

En este sentido, apuntó que "hay continuamente equívocos sobre este punto y el PP lo explota". Para el ministro, el equívoco consiste en "hacer pensar a todo el mundo" que la sentencia del TS que declaró ilegal a Batasuna "equivale" a privar de sus Derechos Fundamentales a miembros de la organización, militantes o votantes y, recordó que éstos "forman parte" de la sociedad vasca.

"La sentencia del TS que declaró que Batasuna perdía su naturaleza de partido político porque no cumplía los requisitos de la Ley Orgánica que establece cual es el cauce para poder participar en elecciones y, por tanto, tener presentación en democracia, no equivale a haber privado de Derechos Fundamentales, y menos aún de su ciudadanía española, a las personas que en su momento estuvieron en Batasuna y, menos todavía, a sus 17.000 militantes y a sus más de 100.000 votantes", dijo.

"Esas personas forman parte de la realidad de la sociedad vasca y consiguientemente de la española", afirmó. Agregó que se trata de "una minoría y por tanto, de ninguna manera pueden imponer su voluntad, y menos aún sirviéndose de la presión intimidatoria de la violencia la extorsión y el crimen".

PREMISAS PARA EL DIÁLOGO CON ETA

El ministro recordó que las premisas para establecer cualquier contacto con ETA deben estar "consensuadas y autorizadas" por el Parlamento y aclaró que "cuando se dice que no debe haber contrapartidas políticas, no se está diciendo que no se pueda hablar de política en este país". Según el ministro, lo que sostiene el Gobierno es que "de ningún modo se va a consentir una alteración de las reglas del juego de la convivencia como consecuencia de la intimidación y el chantaje de la violencia".

Dicho esto, opinó que "muchas pretensiones históricas" de la izquierda abertzale "son imposibles de compartir y no tienen ninguna oportunidad de salirse con la suya porque no son mayoritarias". "Creo que es predecible que no lo serán, no puedo decir en toda la historia de la humanidad, pero desde luego no en muchísimo tiempo", añadió.

En este sentido, afirmó que tanto la anexión de Navarra al País Vasco como la autodeterminación de los vascos está "completamente fuera de la agenda" del Gobierno. "Está clarísimo que en Navarra la gran mayoría de ciudadanos no está por la labor de hablar o negociar sobre su incorporación al País Vasco. Navarra tiene una configuración propia en el Estado de las Autonomías constitucionalmente irreversible, es un punto sólido y eso no va a suceder", aclaró.

"Tampoco va a suceder que se abra proceso de autodeterminación que pueda conducir a una Euskal Herria que llegaría incluso a incorporar tres provincias en territorio francés, porque democráticamente eso no es viable" dijo, y añadió que "bajo ningún concepto, va a conculcarse la legalidad en lo relativo al cumplimiento de penas por crímenes calificados con la mayor severidad por nuestro derecho penal".

Para López Aguilar, el que estas cuestiones estén "completamente fuera de la agenda" no quiere decir que dichas ideas por "rechazables o repugnantes" que puedan parecer a una gran mayoría de los españoles "no se puedan sostener en un orden democrático".

"Una plataforma política que quiera abogar por tesis de ese tipo que no tienen ninguna oportunidad de salirse con la suya no es ilegal por sí misma, lo sería en el caso de que viniese acompañada de una violencia y de un terror que coartaran la libertad de decidir", explicó.

Para López Aguilar, el abandono del uso de la violencia es "la gran frontera moral y política que debe ser todavía comprendida y franqueada por quienes durante todos estos años se han situado al margen de la ley".

"El objetivo al que debemos aspirar en este país es que se pueda sostener cualquier idea aunque no tenga ninguna oportunidad democrática de salirse con la suya, siempre y cuando no venga acompañada de ninguna actividad terrorista, y superarlo será la gran consecución histórica de esta generación", concluyó.