López Aguilar dice que el Plan de Transparencia Judicial sirve para tener conocimiento sin manipulación de la Justicia

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguró hoy en el Congreso que el Plan de Transparencia Judicial, aprobado el 21 de octubre de 2005 por el Consejo de Ministros, servirá a los ciudadanos para tener "un conocimiento objetivado y fiable de la Administración de Justicia, que no esté sometido a los vaivenes de la manipulación o cualquier otro interés".

El responsable de Justicia reiteró el compromiso del Ejecutivo socialista en poner en marcha el Plan de Transparencia Judicial y aseguró que su Ministerio "hace su trabajo, pero hace falta también que lo hagan los demás órganos que tienen responsabilidad en este asunto".

López Aguilar explicó que este Plan tiene como objetivo "mejorar el acceso a la información disponible, el funcionamiento y el rendimiento de los tribunales de justicia, así como permitir una estadística fiable sobre las cargas de trabajo para contribuir a la planificación de la planta judicial".

Recordó que se aprobó un Real Decreto que regula el funcionamiento de la Comisión Nacional de Estadística Judicial, un instrumento que "aglutina las capacidades del Ministerio Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia para servir a esta fabulación objetiva de la carga de trabajo y de su capacidad de despachar los asuntos que ingresan en los tribunales de justicia".

Entre las medidas impulsadas por Justicia, López Aguilar subrayó la puesto en marcha de un plan de modernización informática que servirá para corregir las deficiencias de la estadística criminal en España que, a su juicio, "tanto incide en la planificación de instrumentos para combatir el crimen".

Añadió que también se han informatizado los registros civiles, suscribiendo un convenio con el Ministerio de Industria, y se ha puesto en funcionamiento un plan para simplificar el lenguaje procesal, con la colaboración de los funcionarios de la Administración de Justicia.