MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -
Enrique López, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y portavoz de la institución, considera que la idea de la castración química defendida por el presidente francés, Nicolás Sarkozy, tiene "difícil encaje" en el marco constitucional español, por lo que apostó por exigir a determinados delincuentes con riesgo de reincidencia, la aplicación de medidas de seguridad posteriores al cumplimiento de la condena.
En declaraciones a Europa Press, López justifica ese "difícil encaje" constitucional argumentando que "nuestra Constitución prohíbe torturas y los tratos denigrantes". Además, recalcó que este tipo de tratamientos "deberían partir siempre de la voluntariedad del reo" y aun así seguirían existiendo dificultades para encuadrarlos en el marco constitucional.
A su juicio, hay que centrar el debate en la reincidencia de aquellos delincuentes que ya han cumplido su condena, ya que "algunos de ellos tienen una prognosis muy alta de reincidencia y no existe en nuestro sistema ninguna medida que tienda a paliar este hecho".
En este sentido, López propone tomar otro tipo de medidas más allá del tiempo establecido para las condenas, y previo cumplimiento de éstas, que den garantías de seguridad a la sociedad, ya que sería imposible proteger a todas las posibles víctimas de cada agresor sexual. Entre las diferentes alternativas, López menciona la prohibición de acudir a determinados lugares o practicar determinadas actividades.
López, que dijo no opinar como portavoz del CGPJ, pidió un "esfuerzo intelectual" a juristas y al Gobierno en el marco de un debate jurídico relajado, sin prisas y estudiado. "En cualquier caso, todo tiene sus dudas de constitucionalidad y para eliminarlas lo que hay que hacer es estudiar y plantearse el problema --describió-- y yo creo que los juristas y el Gobierno tienen la obligación de buscar soluciones".
