CORDOBA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno central en Andalucía, Juan José López Garzón, dijo hoy respecto al significado de la 'Operación Malaya' que hay que "enmarcar las cosas en su justa medida, pues esto no es una causa general contra el urbanismo, ni contra los promotores o los constructores" en Andalucía.
A preguntas de los periodistas, López Garzón respondió así respecto al posible daño en relación con el urbanismo que puede sufrir la imagen de Andalucía a raíz de que en la segunda fase de la citada operación, contra la corrupción político urbanística en Marbella (Málaga), se ha detenido a importantes constructores y promotores inmobiliarios andaluces.
Según López Garzón, la Operación Malaya "es un caso concreto, con personas concretas afectadas, sobre cuya responsabilidad tiene ahora que decidir la autoridad judicial". Así recordó que "todas estas personas están amparadas por la presunción de inocencia, pero, desde luego, esto no es una causa general, ni muchísimo menos, pues eso no es concebible en un Estado de Derecho, sino que es una operación concreta, dirigida por la autoridad judicial, que será la que tome decisiones concretas".
En cuanto a "el revuelo que se puede crear en alguna provincia" por la detención de los citados constructores, como es el caso del industrial cordobés Rafael Gómez, el delegado del Gobierno en Andalucía consideró que "es consecuencia de que en algunos casos se trata de personas conocidas y eso tiene una cierta lógica ciudadana, pero nada más que eso".
Por otro lado, López Garzón consideró que la Operación Malaya tiene un componente positivo desde el punto de vista "pedagógico", en cuanto a que "no hay impunidad ante ningún tipo de delito en España, incluido el ámbito urbanístico".
Respecto a un informe elaborado por la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial en el que se dice que son los ayuntamientos los que llevan a los constructores cometer irregularidades urbanísticas, López Garzón dijo que "si algún constructor ha sufrido lo que indica ese informe lo que debe hacer es irse al juez de guardia y ponerlo en su conocimiento, dando el nombre y apellidos de la persona que lo ha querido extorsionar y se ahorra hacer el informe, pues, denunciarlo ante el juez, la Guardia Civil o la Policía Nacional es el método más eficaz que ahí".
