López Guerra dice que la Constitución española "garantiza de forma completa la independencia judicial"

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, manifestó hoy en Zaragoza que la Constitución española "garantiza de forma muy completa la independencia judicial" porque "el estatus de los jueces aparece defendido frente a cualquier tipo de intromisión", garantizando así "la libertad del juez ante cualquier tipo de instrucción o injerencia de otro órgano".

El responsable político explicó al respecto que "una de las novedades de la Constitución española ha sido" precisamente recoger la "independencia del juez como garantía de la imparcialidad" de forma que éste "no va a inclinarse por ninguna de las partes en el proceso, ni por motivos propios, ni, y esto es la independencia, por ajenos, debido a presiones externas".

Así se pronunció López Guerra con motivo de su participación en el seminario "Parlamento y Poder Judicial" organizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las Cortes de Aragón, inaugurado hoy en la Sala Goya del Palacio de la Aljafería de Zaragoza y que se prolongará hasta el próximo miércoles, 15 de noviembre.

El secretario de Estado explicó que "existe cierta confusión sobre lo que son, por una parte, los jueces como encargados de impartir justicia y, por otra, el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, encargado de la dirección y gestión de los aspectos administrativos de la Justicia".

"Es importante diferenciar estos dos aspectos para entender cuáles son las responsabilidades respectivas", subrayó López Guerra, que indicó que "la posición del juez aparece radicalmente blindada de cualquier tipo de interferencia sea parlamentaria o sea otra características" mientras que el "Consejo General del Poder Judicial es un órgano de dirección, de orientación y de formulación de una política judicial y tiene una responsabilidad porque tiene que tomar decisiones entre opciones alternativas".

El secretario de Estado añadió que "nuestra Constitución y nuestras leyes tienen los suficientes elementos para evitar que se produzca una politización de la justicia". En este sentido, calificó de "fundamental" la responsabilidad del juez "no sólo para ser imparcial sino para parecerlo, algo muy importante en el sistema democrático" porque "la imparcialidad del juez no es sólo una característica subjetiva del juez sino que tiene que ser algo que inspire confianza a los ciudadanos; en estos momentos es una de las tareas que tienen todos los poderes públicos, inspirar esta confianza de los ciudadanos en la judicatura".

López Guerra también se refirió a la judicialización de la política y comentó que "en muchas ocasiones los agentes políticos prefieren trasladar sus posiciones a sede judicial" lo que supone que haya "partidos políticos o grupos parlamentarios que decidan llevar sus críticas no al foro que corresponde, al político, sino a un foro judicial, y es el juez el que tiene que depurar las demandas y decidir cuáles de estas demandas están justificadas o, por el contrario, son algo destinado a llamar la atención de la opinión pública".

En su opinión, "la judicialización de la política es algo no deseable" y con lo que "tienen que tener mucho cuidado los políticos". Por su parte, el presidente de las Cortes de Aragón, Francisco Pina, que inauguró las jornadas, manifestó que observaba "con temor la creciente judicialización de la política".

Pina valoró que "conceptos como la autonomía parlamentaria están sufriendo una redefinición de su contenido" y si bien "las instituciones parlamentarias del siglo XXI no son iguales que las del siglos XIX, el valor de los usos parlamentarios, del precedente, de las formas sirven como elemento de interpretación del corpus interno".

DISFUNCIONES

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), José Manuel Bandrés, uno de los responsables de las jornadas, explicó que su objetivo es "examinar cuáles han sido las disfunciones o divergencias entre el poder judicial y las Cortes Generales y también con los parlamentos autonómicos en los últimos 28 años de la historia constitucional española", relaciones que en su opinión han sido "serenas y estables en la mayoría de los momentos álgidos".

En la actualidad, continúo, "hay diversos temas que están en la agenda política", como la renovación del Consejo General del Poder Judicial; las relaciones entre el órgano de gobierno de los jueces y el parlamento; las relaciones entre el Tribunal Supremo y el CGPJ, teniendo el primero que controla en Derecho los acuerdos del Consejo, y las prerrogativas de los parlamentarios en relación con las facultades de los procesos penales, dijo.

José Manuel Bandrés expresó que también se van a analizar "los conflictos procesales, la judicialización de la política y la politización de la justicia" todo ello "dentro de un marco amplio" con la participación de los catedráticos de Derecho Constitucional de las principales universidades españolas y también de diputados, mediante "un debate, amplio y plural y abierto sobre el futuro del poder judicial y sus relaciones con el parlamento".

Respecto a la judicialización de la política, explicó que se produce "cuando hay cuestiones que tienen que resolverse políticamente y que se llevan al escenario judicial". Según aclaró, la filosofía constitucional establece "un Estado con división de poderes" de forma que el poder judicial "tiene que reservar su actuación al ejercicio de la jurisdicción y no puede mezclarse en los asuntos de la agenda política, que corresponden al poder legislativo y ejecutivo".

Por eso, consideró que la judicialización de la política es una "desviación o disfunción", igual que "la politización de la justicia" y si bien sucede también otros países como Italia o Francia lo correcto es entender que los poderes legislativo y judicial "coadyuvan a los fines del Estado" y favorecen la "justicia, libertad y la democracia para todos los ciudadanos, a los que sirven".

FORO EUROPEO

La letrada mayor de las Cortes de Aragón, Vega Estella, indicó, por su parte, que estas jornadas se enmarcan dentro del convenio firmado en 2005 entre el CGPJ y las Cortes de Aragón para convertir a Zaragoza en la sede de un foro permanente donde se debatan cuestiones relacionadas con la justicia, no sólo a nivel estatal, sino europeo, en el marco "de la construcción europea".

Para eso, el año pasado se celebró un seminario sobre construcción europea y este año se organiza este seminario sobre las interconexiones entre un parlamento y el poder judicial. Además, se ha elaborado la Declaración de Sos, texto que fue remitido al presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, y a los miembros de la Comisión Europea. Vega Estella subrayó que este convenio es el primero que el CGPJ firma con un parlamento.