SEVILLA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
Carmen F.F., la madre de los menores Sara e Iván que fueron declarados en desamparo y dados en adopción en septiembre de 1998 mientras su madre se encontraba en tratamiento de desintoxicación de su adicción al alcohol, ha criticado que, transcurridos casi cinco meses desde que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla obligara a la Junta de Andalucía a pagarle 1.703.600 euros considerando que la retirada fue irregular, aún no le ha sido entregado dicho montante económico, pese a que desde la Junta se anunció que se abonaría de inmediato aunque recurriera el auto.
Así lo dio a conocer hoy el letrado que defiende los intereses de la madre biológica de los dos menores, Gabriel Velamazán, quien ha convocado una rueda de prensa para mañana en la que ambos darán todos los detalles de la situación en la que se encuentra su defendida.
Con todo, hoy adelantó además que se está incumpliendo igualmente el régimen de visitas fijado con respecto a Iván y añadió que mañana darán cuenta también de las actuaciones judiciales "iniciadas y por iniciar" ante la situación, "lo que no deja de ser curioso, llevando ya casi diez años de litigios, cuando desde la Junta se ha dicho 'a boca llena' que han de iniciarse reformas legales para que los pleitos de menores se acorten. Serán los pleitos de menores que ellos ganan", lamentó el letrado.
En el auto judicial, al que tuvo acceso Europa Press, se recalcaba que dicha cantidad indemnizatoria, acordada como ejecución sustitutoria por "incidente" de anterior resolución de la Sala, en la cual obligaba a la Junta a cesar la tutela ejercida sobre los menores --pero que no pudo llevarse a cabo por sentencia del 2002 en la que se decía que era imposible que Iván volviera con su madre--, deberá ser pagada en un plazo de 20 días.
Ya entonces, Velamazán anunció que si la Administración autonómica no pagaba en dicho período de tiempo tramitaría una demanda de ejecución que obligaría también a la Junta a pagar las costas de este nuevo proceso.
El auto se dictó como consecuencia de la apelación llevada a cabo por la madre de los menores, la Junta y la Fiscalía de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Sevilla, de marzo del 2005, que obligaba a la delegación provincial de Igualdad y Bienestar Social de Sevilla a pagar 72.670 euros y a Iván a permanecer con el matrimonio adoptivo formado por J.S.M. y J.R.G. --Sara, por decisión propia, decidió volver con su madre, que ahora reside en Madrid, en septiembre de 2004--.
El auto recordaba que en la primera resolución del juzgado, en septiembre de 1998, ya se reconocía que la situación de dichos menores "no se debía a un deliberado y consciente abandono y desatención por parte de su madre", existiendo en los años 1997 y 1998 informes de pronóstico favorable sobre la desintoxicación de Carmen F.F., lo que motivó acuerdo de la inmediata devolución de los menores a la madre. Sin embargo, el juez de Primera Instancia entendió que la inmediata entrega era "perjudicial", con lo que fue acordando otras medidas, que suponían, según la Audiencia, "la perpetuación de la inicialmente acordada por la Junta".
Por último, la Audiencia se adhirió a dos baremos a la hora de fijar la cantidad indemnizatoria, como son los de la enfermedad padecida por la solicitante a causa del sufrimiento y el de la pérdida de los hijos --tanto por el tiempo que ha estado apartada de ellos como por el sufrimiento debido a la razonable expectativa de recuperación--.