Madrid, Navarra y Baleares abogan por reformar la ley y dar "mayor respaldo" a la policía local

SANTANDER, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los consejeros de Interior de las comunidades autónomas de Madrid, Navarra y Baleares, Alfredo Prada, Javier Caballero y José María Rodríguez Barberá, respectivamente, defendieron hoy en Santander una reforma de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986 que, a su entender, se ha quedado "antigua" y "obsoleta", y además reclamaron que las policías locales tengan el "respaldo legislativo" en actuaciones de seguridad ciudadana.

En rueda de prensa, Prada, quien participó en el curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre 'Seguridad, administración pública y modelo policial en España', consideró en este sentido que el modelo recogido en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986 ha quedado "anticuado" tras 20 años, y además apostó por que se defina el "papel" de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Incidió en que "en la España de las autonomías no puede ser que éstas no tengan un papel más protagonista en la lucha contra la delincuencia" y, a este respecto, lamentó que en la actualidad, la legislación prevé la constitución en los municipios de las Juntas Locales de Seguridad, en las cuales no están representadas las comunidades autónomas sin policía autonómica.

Por ello, abogó por que se "dibuje" el "nuevo papel" que, a su juicio, tiene que jugar la Guardia Civil, la Policía Nacional y, especialmente, las policías locales, que en España agrupan a más de 55.000 agentes en 1.000 ayuntamientos, recordó.

De esta forma, hizo hincapié en que la policía local debe "asumir el protagonismo" en materia de seguridad ciudadana y prevención de este tipo de delitos, para que "a mayores" sus agentes puedan "constituir" unas unidades para "estar las 24 horas del día y los 365 días al año en la calle para evitar la comisión de delitos".

POLICÍA AUTONÓMICA

Por otro lado, Prada aseguró que las policías autonómicas, y "especialmente" la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra, "no son la solución a los problemas", ya que "se ha evidenciado lo contrario". Al respecto, indicó que estos cuerpos autonómicos "responden más" a un "proyecto de filosofía política" que de "resolución real" de los asuntos de seguridad ciudadana.

Como contrapartida, a su entender, la "solución" a estos problemas de seguridad --dejando "al margen" la lucha contra el terrorismo, las mafias y el crimen organizado que serían competencia del estado--, estaría en la "responsabilidad" de las tres administraciones, estatal, de las comunidades autónomas y de los municipios.

Por ello, "hay que dibujar un nuevo modelo policial para España", insistió el vicepresidente y consejero madrileño, quien destacó que la experiencia de la Comunidad de Madrid de puesta en marcha de las Brigadas de Seguridad Ciudadana (BESCAM) --con incremento de número de agentes locales en los municipios -- como "alternativa" e iniciativa "exportable" a otras autonomías.

RETOS

Por su parte, en declaraciones a los medios, el consejero navarro de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Caballero, también subrayó que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad está "absolutamente superada" y "anticuada" por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional

Como consecuencia, a su juicio, el "reto" que existe en la actualidad es la definición de un "nuevo modelo" que "tiene que estar presidido" por cuestiones "fundamentales", como "la corresponsabilidad", puesto que las tres administraciones "tienen que ejercer sus competencias" con "lealtad institucional", dijo.

Defendió por ello que se "abra una amplia reflexión" al respecto, porque "no se va a poder establecer un modelo de seguridad en España si no se da un doble consenso: de los grandes partidos y de las administraciones".

DEMANDA AL ESTADO

Finalmente, el consejero balear de Interior, José María Rodríguez Barberá, lamentó a su vez que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aunque "define" a la Policía Nacional, Guardia Civil y las policías locales, lo hace "en una situación distinta de la realidad de España". De esta forma, según afirmó, "la realidad social del país ha ido muy por delante de lo que ha ido esta ley", y cada comunidad intenta "afrontar las policías locales como puede".

En el caso de Baleares, explicó a los medios que su población es de un millón de habitantes mientras que las islas reciben 10 millones de turistas al año, a los que "hay que dar seguridad"; y también "por parte del estado", aunque "esto no ha sido así", lamentó.

Así, recalcó que en este contexto los ciudadanos "exigen unas nuevas prestaciones que la policía ordinaria, la de todo el año, no hace". Agregó que el estado tampoco se ocupa de atender este hecho, dado que "no se refuerza" la Guardia Civil ni la Policía Nacional, y "hay una carencia de recursos humanos".

Comentó que, por ello, en Baleares se ha creado un modelo de policía local que es el denominado 'policía turístico', "que hasta en nueve meses del año puede reforzar las plantillas en los municipios", en donde a menudo se puede pasar de 10.000 a 50.000 habitantes", ejemplificó el consejero balear.

"Es evidente que Baleares es la comunidad autónoma que tiene el índice de criminalidad más alto entre delitos y faltas, y esto es porque sólo se tiene en cuenta a la hora de asignar Policía Nacional y Guardia Civil a la población real de las islas; pero, además del millón de habitantes que vive allí, hay 200.000 residentes no empadronados y que tienen allí su residencia", constató Rodríguez Barberá.

Reiteró que se "requiere una respuesta" que "no se ha dado" por parte de la administración central, así como una reforma "que prometió el anterior ministro de Interior que no ha llegado tampoco", con el fin de que la policía local "sea ya contemplada" como un cuerpo "con plenos derechos y deberes y con mayoría de edad".