Malaya.- IU propone medidas estructurales para acabar con la corrupción mediante un pacto social y de Estado

Europa Press Nacional
Actualizado: lunes, 27 septiembre 2010 15:56

MARBELLA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El concejal y portavoz del grupo municipal de IULV-CA en Marbella, Enrique Monterroso, coincidiendo con el inicio del juicio por el caso 'Malaya' ha solicitado que los poderes públicos "se comprometan a orquestar medidas para fomentar un gran pacto social y de Estado dirigido acabar con la corrupción que está dinamitando la democracia y los derechos de los ciudadanos".

Así, Monterroso, que ha apuntado que quiere huir de la vertiente de "espectacularización" en torno a la causa; ha asegurado que va a centrarse en la relevancia que tiene la operación 'Malaya' como "epicentro del terremoto de corrupción que salpica a los ayuntamientos y administraciones públicas, con réplicas por todo el territorio: Gürtel, Astapa o los múltiples escándalos en Baleares o Canarias son claros ejemplos de estas afirmaciones".

Por ello, ante la "gravedad" de estos casos y los "perjuicios" que causan a la ciudadanía y al modelo democrático es "lamentable que hayan transcurrido más de cuatro años desde el estallido de Malaya y sus repercusiones sin que se hayan tomado medidas contundentes y coordinadas desde todos los ámbitos del Estado", porque, a su juicio, "no basta con la acción policial y judicial"

De esta forma, Monterroso, en un comunicado, ha argumentado que "es preciso transformar las instituciones públicas y sus estructuras y dinámicas de funcionamiento", para que "la especulación urbanística, las adjudicaciones de contratos y el tráfico de influencias dejen de ser la punta de lanza de la acción corrupta de los gobiernos".

En este sentido, junto a las medidas de carácter estructural, desde la coalición pidieron que "además de toda la dureza legal para la fijación de las condenas a los imputados, este caso sirva también para acabar con la impunidad y malestar de los ciudadanos al comprobar que los culpables nunca devuelven el patrimonio robado y, mucho menos, que estas sumas reviertan en acciones que sirvan para resarcir de los equipamientos y servicios públicos de los que fueron privados".

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