Denuncia 'mobbing' de los mandos hacia los expedientados que se han reincorporado a su puesto en los últimos días
MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Joan Miquel Perpinyá, exigió hoy al Gobierno la paralización de los expedientes contra 21 responsables de la misma por haberse manifestado de uniforme reclamando el cumplimiento del programa electoral del PSOE. La primera propuesta de sanción contra uno de los expedientados pide para él la suspensión de empleo y sueldo durante un año con la consiguiente pérdida de destino.
Para AUGC, la petición de separación del servicio durante un año para su responsable provincial en Madrid, Joaquín Canovas, es "inaceptable y desproporcionada", entre otras cosas, porque tras incoarse los expedientes, el Gobierno aprobó las dos reformas --de Régimen Disciplinario y asociacionismo-- que la Asociación reclamaba en su acto del 20 de enero en la Plaza Mayor. Perpinyá recalcó que sin la manifestación de uniforme, el Gobierno "jamás" hubiera comenzado el trámite de aprobación de las dos leyes y no hubiera cumplido su compromiso de que entrasen en vigor en esta legislatura, algo que el secretario general de AUGC todavía pone en duda.
Una manifestación en el madrileño Paseo de La Castellana, tras cuya pancarta inicial se situarían sindicatos de clase y policiales, sería la posible respuesta de AUGC a las propuestas de sanción. Los agentes, esta vez, no acudirían de uniforme, según el "camino" que marcó el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el Congreso de los Diputados, donde, recordó Perpinyá, defendió el derecho de los guardias civiles a manifestarese.
Perpinyá acusó al capitán del Ejército que ha instruido el expediente de Cánovas de "creerse que está en sus manos mantener la naturaleza militar de la Guardia Civil" y reveló que desde el Ministerio del Interior se les ha comunicado que el militar "se les ha descontrolado".
En esa propuesta de sanción, a la que tuvo acceso Europa Press, el instructor considera que Cánovas tuvo una actuación "preeminente" antes, durante y después del acto, pero no pide para él la mayor condena por una falta muy grave porque aunque "no es un guardia ejemplar" tampoco "crea problemas". Perpinyá consideró esto "un indicio" de lo que le puede ocurrir a otros dirigentes de la AUGC, comenzando por él mismo, que leyó el manifiesto final del acto. Las faltas muy graves, recogida también en el expediente de Perpinyá, pueden ser sancionadas igualmente con la expulsión del Cuerpo.
TEMOR A LA "DOCTRINA MESQUIDA".
Frente al mensaje de "calma y tranquilidad" que Interior está enviando a la AUGC, explicó Perpinyá, se sitúa "la doctrina Mesquida", consistente, según el líder de AUGC, en firmar lo que propongan los instructores. "Hace algunos meses que ya no confiamos en Mesquida", afirmó.
Parte de los 21 expedientados se han reincorporado a sus puestos de trabajo después de cumplir los tres meses de separación del servicio que acompañaba la apertura del expediente. Varios de estos agentes expedientados han recibido por parte de sus mandos trato vejatorio, insultos y amenazas, al tiempo que se les ha relegado a puestos "impropios" de su destino. De ello, informó AUGC a Rubalcaba en una carta el pasado lunes sin haber obtenido por el momento respuesta.
Según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado, al último expedientado, representante de AUGC en Canarias, se le comunicó la sanción el día antes de que el Consejo de Ministros aprobase las reformas reclamadas, lo que provocó que menos de 48 horas después no pudiera iniciar el proceso de ascenso a cabo, como tenía previsto.
Por el momento, el presidente de Eurocop, Heinz Kiefer, que ya viajó a España para tratar la cuestión de los expedientes con el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, llevará a la Conferencia Europea de Sindicatos, que se celebrará la próxima semana en Sevilla, un calendario de apoyos y movilizaciones a nivel europeo.
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