ALGECIRAS (CÁDIZ), 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El delegado provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Cádiz, José Encinas, se acogió hoy a su derecho a no declarar ante la instructora de su expediente en la Comandancia de la Guardia civil en Algeciras (Cádiz), según explicó el propio agente a Europa Press.
Además, Encinas pidió la suspensión de la declaración "por falta de pruebas", ya que en el expediente "se hace referencia a un par de informes que no vienen en dicho expediente". No obstante, esta petición fue denegada por la instructora.
El delegado provincial de la AUGC estuvo apoyado a su llegada a la Comandancia de la Guardia Civil algecireña por unas 200 personas, entre los que se encontraban representantes sindicales de CC.OO y UGT, SUP, de la Policía Local, de coordinadoras antidrogas, CEP o IU. Algo que según Encinas, "da fuerza y la tranquilidad de ver que tienes mucha gente apoyándote".
José Encinas que pertenece a la Agrupación de Tráfico de Algeciras, recibió la notificación oficial el pasado 7 de febrero. Otro de los agentes de la provincia de Cádiz que se encuentra expedientado a la espera de declaración es el secretario de la asuntos jurídicos a nivel nacional, Alberto Moya, destinado en el Servicio Marítimo de Algeciras.
A los agentes se les imputan una supuesta infracción al artículo 9.9 de la Ley Disciplinaria de la Guardia Civil, bajo la acusación de "realizar actos gravemente contrarios a la disciplina que no constituyan delito".
Desde la AUG se quiso dejar claro que va a continuar apoyando "a los compañeros expedientados", asistiendo con ellos a las comparecencias, como ya hicieron el pasado miércoles en Barbate con el secretario de Comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Antonio Delgado.
El director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, acordó la adopción de una medida cautelar mientras se instruye los expedientes --hay 20 abiertos a agentes de toda España--, que consiste en la suspensión de funciones por un periodo de tres meses, pasados los cuales, los agentes deberán incorporarse a su puesto, aunque la situación podría ser prorrogada.
