Manifestación Guardias.- Hoy declaran los secretarios provinciales de la AUGC de Cádiz y Málaga

Actualizado: jueves, 15 febrero 2007 7:57

SEVILLA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Cádiz, José Encinas, y el de Málaga, Antonio Gaspar, declararán hoy en sus respectivas comandancias por los expedientes abiertos por su participación el pasado 20 de enero en la concentración de Madrid, en la que los agentes acudieron uniformados, y por el que han sido apartados de sus funciones durante tres meses y un día.

De este modo, Encinas tendrá que declarar a las 10.00 horas en las dependencias de la Guardia Civil de Algeciras, donde está destinado, y Gaspar, lo hará a la misma hora, pero en la de Málaga, según informó a Europa Press el secretario regional de Comunicación de la AUGC, Jesús Lorente.

El secretario de Cádiz, que pertenece a la Agrupación de Tráfico de Algeciras, recibió la notificación oficial el pasado 7 de febrero. Por su parte, el secretario de Málaga, destino al puerto de la capital malagueña, la recibió el nueve de febrero, día en el que también le fue comunicada la apertura de expediente el secretario de la asuntos jurídicos a nivel nacional, Alberto Moya --destinado en el Servicio Marítimo de Algeciras--, y el secretario provincial de Córdoba, Alfonso Carrasco. No obstante, a los dos últimos guardias no le han citado aún para declarar.

A los agentes se les imputan una supuesta infracción al artículo 9.9 de la Ley Disciplinaria de la Guardia Civil, bajo la acusación de "realizar actos gravemente contrarios a la disciplina que no constituyan delito".

Desde la AUG se quiso dejar claro que va a continuar apoyando "a los compañeros expedientados", asistiendo con ellos a las comparecencias, como ya hicieron el pasado miércoles en Barbate con el secretario de Comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Antonio Delgado.

El director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, acordó la adopción de una medida cautelar mientras se instruye los expedientes --hay 20 abiertos a agentes de toda España--, que consiste en la suspensión de funciones por un periodo de tres meses, pasados los cuales, los agentes deberán incorporarse a su puesto, aunque la situación podría ser prorrogada.