MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha repartido entre sus responsables un documento en el que les instruye sobre la posición pública que deben mantener respecto a los expedientes gubernativos abiertos contra dirigentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), acompañados de una suspensión de tres meses. El documento, hecho público hoy por AUGC, defiende que "el Gobierno, a la vista de los informes jurídicos correpondientes, debe aplicar la Ley porque de lo contrario estaría incumpliendo sus propias obligaciones".
Tras una breve introducción de los hechos, el PSOE quiere "dejar claro" que las reformas incluidas en su programa electoral se referían a un nuevo Régimen Disciplinario y a un nuevo Estatuto de Derechos y Deberes, nunca a la "desmilitarización" de la Guardia Civil. Ninguno de los dos dirigentes de AUGC expedientados hasta ahora, el secretario general, Joan Miquel Perpinya, y el secretario de Comunicación, Juan Antonio Delgado, ni cualquier otro, se refirieron en momento alguno de sus intervenciones en la manifestación del pasado 20 de enero a la desmilitarización del Cuerpo.
El segundo apartado está dedicado a la "labor desarrollada por el Gobierno", recordando que ya ha aprobado el anteproyecto de Ley de Régimen Disciplinario, en referencia al paso por el Consejo de Ministros del texto, aunque no se menciona que se encuentra en el Consejo de Estado para su aprobación y que aún no ha comenzado el trámite parlamentario, en el que los distintos grupos intentarán realizar sus aportaciones, antes de que vuelva al Consejo de Ministros y de ahí, de nuevo al Pleno para su aprobación.
"EL GOBIERNO CUMPLE".
El texto repartido entre los dirigentes socialistas también recuerda que en un mes estará lista la segunda promesa del PSOE, la Ley de Derechos y Deberes que "permitirá el asociacionismo de sus miembros". "Con estas dos leyes el Gobierno cumple los principales compromisos que incluía el programa electoral en esta materia", concluye este apartado.
El último punto se refiere a la manifestación del 20-E y comienza asegurando que el PSOE "es favorable a que la Guardia Civil ejerza su derecho a la libertad de expresión y de manifestación dentro de los cauces establecido y con respeto a las leyes". A continuación, y ya en negrito, el documento cuestiona que los guardias se manifestaran de uniforme, y añade: "el uniforme identifica a un guardia civil como agente de la autoridad y por lo tanto su uso está ligado al ejercicio de las labores que desarrolla como tal".
El texto también recuerda que recientemente se ha aprobado un Real Decreto que "va a suponer una mejora salarial para los guardias civiles de 1.481 euros brutos anuales" y que también "se está trabajando en fórmulas para mejorar la retribución de la productividad".
