Manos Limpias presenta queja ante el Defensor del Pueblo porque la Fiscalía vasca, Balza y Luesma "no cumplen la Ley"

BILBAO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Manos Limpias presentó hoy una queja ante el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, al considerar que la Fiscalía vasca, el consejero de Interior, Javier Balza, y el delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, no garantizan el cumplimiento de la Ley.

En su escrito, el sindicato de funcionarios públicos informó de "la pasividad permanente y continuada" del Ministerio Público, Balza y Luesma, a la hora de velar por "el cumplimiento de la legalidad vigente y del Estado de Derecho".

"A pesar de las denuncias que viene formulando este sindicato, se viene violando la legalidad vigente, en cuanto a autorizaciones, concentraciones, manifestaciones de organizaciones ilegales, enaltecimiento del terrorismo y homenajes a etarras, acuerdos ilegales de ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale y PNV, que no son recurridos en vía contencioso-administrativa", añadió.

Según precisó, "el último hecho que ha acontecido ha sido dejar que Candido Azpiazu, asesino del concejal de UCD Ramón Baglietto, se manifiesta con el entorno etarra, impunemente en las calles de Azkoitia y ante la vivienda de la viuda de Baglietto".

"Con anterioridad, el Ayuntamiento de Azkoitia apoyó a los asesinos de Baglietto, con una moción de apoyo para que la institución, con dinero público, asumiera los gastos que supondrá para los dos condenados el embargo de sus bienes (por la Audiencia Nacional), donde pensaban 'rehacer su vida', instalando un negocio de cristalería en los bajos de la vivienda de la viuda", señaló.

Por ello, afirmó que "la queja se basa en que, en el País Vasco, el Estado de Derecho está siendo sistemática y continuamente quebrado por los poderes públicos, consejero del Interior, delegado del Gobierno y Fiscalía que forman parte de la Administración". "Las consideraciones políticas y oportunismo prevalecen por encima de las estrictamente legales", subrayó.

En este sentido, apuntó que "la Ley no se cumple, las resoluciones judiciales no se acatan, el reto, el desafío, la burla al Estado de Derecho es manifiesto en el País Vasco". "La sociedad vasca y la española asisten impotentes a esa situación, que ha adquirido carta de naturaleza", agregó.

Tras recordar que las atribuciones del Defensor del Pueblo vasco se extienden a la actividad de las administraciones públicas en relación con los ciudadanos, manifestó que "se dan las circunstancias lo suficientemente graves en el País Vasco para que actúe, alertando a Las Cortes generales como órgano representativo de la soberanía nacional y simultáneamente supervisar la actuación de la Administración vasca, velando por el respeto" a los derechos constitucionales "y adoptando las medidas oportunas con arreglo a la Ley".