Manos Limpias recurre el auto del TS al considerar que supone "la legalización de facto" de Batasuna

BILBAO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Manos Limpias ha recurrido en reforma el auto del Tribunal Supremo por el que no considera delito la reunión que mantuvieron el pasado 6 de julio los dirigentes del PSE-EE Patxi López y Rodolfo Ares, con Batasuna. El sindicato de funcionarios públicos considera que la resolución judicial supone "la legalización" de facto de la formación abertzale.

En su impugnación contra la decisión de archivar la querella que presentó contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, López y Ares, a la que tuvo acceso Europa Press, pide al alto Tribunal que "proceda, a la mayor brevedad posible, a dictar y aplicar todos los medios procesales necesarios para que la sentencia de ilegalización de Batasuna sea ejecutada 'erga omnes' (por todos)".

El colectivo denunciante se refiere, de esta forma, al argumento del Supremo sobre que es necesario que haya una orden expresa para que el delito de desobediencia a la autoridad judicial se cometa.

Sobre la consideración de que es "un fraude constitucional" que se intente "corregir" la política del Gobierno a través de la Justicia, el sindicato de funcionarios públicos dice que, "afirmar que esta reunión no está sometida al control de los tribunales de Justicia, es como afirmar que todos los actos imaginables en que interviene un ministro o un Gobierno queden exentos de control judicial".

Manos Limpias denuncia que el resultado del auto del TS es que se "revoca su propia sentencia de ilegalización" dictada en 2003 y recuerda que es la Sala Especial del 61 la que tiene "competencia exclusiva para ejecutar" su resolución por la que declaró la ilicitud de la formación abertzale.

"Es esta propia Sala la que ya debía haber procedido de oficio a dictar edictos y resoluciones 'erga omnes' para ejecutar su propia sentencia firme", asegura, para recordar que la Audiencia Nacional "no es competente para dictar las medidas de ejecución de la sentencia dictada por la Sala del 61" ni para pronunciarse sobre "si una manifestación o acto público es conforme o no a esta sentencia dictada por el Tribunal Supremo", apunta.

A su juicio, "es inconcebible, en términos de Derecho, que una sentencia firme no sea aplicable y no sea ejecutable porque el propio Tribunal que la dicta no tome de oficio los medios procesales para su ejecución desde 2003".

"¿Acaso es un particular quien debe instar a todo un Tribunal Supremo a que ejecute sus propias sentencias?. ¿No debe el Tribunal Supremo, en cumplimiento del mandato constitucional -como a todos los demás tribunales- dictar sentencias y asegurar su cumplimiento y ejecución?", se pregunta.

Además, indicó si "no debe ser el Tribunal Supremo, en cumplimiento del mandato constitucional -como a todos los demás tribunales- dictar sentencias y asegurar su cumplimiento y ejecución".

"¿Dónde queda el principio procesal de que el juzgado o el tribunal debe impulsar de oficio el procesamiento jurídico?. Porque el trámite de ejecución de sentencias a realizar por el Tribunal que las dicta, también debe ser impulsado de oficio", añade.

En este sentido, destaca que "esta Sala especial, a fecha de hoy, todavía no ha cumplido con su deber procesal de impulsar de oficio la ejecución de esta sentencia, en concreto, de ilegalización de Batasuna". "No proceder de oficio a la ejecución de esta sentencia en todos sus términos es lo mismo 'a los efectos jurídicos' que no haber dictado la sentencia", indica.

Asimismo, subraya que, si el auto del Tribunal Supremo "llega a ser firme y se archiva la acción popular, los efectos prácticos serán los mismos que proceder a la tan ansiada legalización de Batasuna, que ella misma demanda del Gobierno de modo inmediato".

Tras señalar que "desde los círculos del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía General del Estado se venía buscando desde hace meses la vía legal conforme a Derecho para legalizar Batasuna" y se pretendía la creación de un nuevo partido, afirma que la propia formación abertzale "salió al paso y, en un acto de verdadera nobleza digna de reconocimiento, dijo, con sorpresa, que eso sería como pedirles que hicieran un fraude de Ley".

"Y razón no le falta a Batasuna, pues, con la Ley de Partidos en la mano, es fácil entender que se trataría de una sucesión de partidos susceptible de ser de nuevo ilegalizada", señala.

En esta línea, manifiesta que "se siguieron buscando nuevas vías legales para proceder a la legalización de Batasuna y, después de diversos movimientos jurídicos, ha sido el propio Tribunal Supremo -aunque seguro que, sin quererlo-, quien ha venido a darle a Batasuna ese estatus de legalidad que tanto deseaba, y ello desde las directrices impartidas desde ETA en el sentido de volver, con urgencia, a tener representantes electos".

MESAS DE NEGOCIACION

"Desde ahora, la fase de las mesas de negociación ha quedado legalizada. Así lo ha manifestado la vicepresidenta del Gobierno al afirmar, tras conocer el contenido del auto aquí recurrido, que 'se han abierto nuevos caminos'", manifiesta.

Manos Limpias cree "muy doloroso para la sociedad y para la estructura del Estado constatar que los miembros que integran esta Sala Segunda del TS, al votar en el sentido de archivar esta querella, han procedido de facto a la legalización de Batasuna" y ha "autorizado" la constitución de las mesas de negociación, que suponen "una gravísima aberración democrática" porque los parlamentos y los parlamentarios "han quedado postergados y disueltos de facto".

"Si se crean esas mesas y se alcanzan acuerdos jurídicos vinculantes, el parlamentarismo habrá quedado debilitado y deslegitimado, y se habrá vuelto a las guerras tribales del feudalismo, entendido este último concepto histórico, como el regreso a 'la Ley del más fuerte', todo un atraso histórico del parlamentarismo con el aval del TS", señala.

CONTROL AL GOBIERNO

Sobre la afirmación del Supremo de que es "un fraude constitucional" que se pretenda "corregir" la política del Gobierno a través de los tribunales, el sindicato de funcionarios públicos asegura que "esta modesta parte recurrente no pretende cambiar, ni mucho menos, una política concreta del Ministerio del Interior, ni condicionarla ni influirla".

"Tan sólo pretende que un hecho concreto, individual y aislado, como es una reunión puntual y concreta con Batasuna, quede sometida al control de los tribunales", afirma.

En esta línea, dice que, "si se quiere legalizar a Batasuna-ETA, bien, pero que se haga con las mayorías parlamentarias necesarias y con la legalidad por delante, pero no por la puerta de atrás y, como ha dicho recientemente un vocal del CGPJ, 'pretender que la falta de valor de los políticos sea sustituida por los jueces para que les hagan el trabajo sucio'".

"Si el Gobierno quiere que Batasuna participe en las próximas elecciones para tener a la mayor urgencia posible representantes electos, ello es una opción de política de Gobierno, y no está sometido sino a un control parlamentario", reconoció.

Tras indicar que su objetivo no es "el control de la política antiterrorista del Ministerio del Interior, asevera que "lo que se cuestiona es la legalidad o no de un concreto hecho individual y puntual, y ello sí que es susceptible de control por parte de los tribunales". "Afirmar que esto no es posible, sería todo un atraso de siglos en la historia, pues el Gobierno quedaría por encima de la Ley, una Ley que él mismo promueve", indica.