Mantienen los 17 años de prisión para el acusado de abusar de una inmigrante a la que prostituía

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fiscal mantuvo hoy en sus conclusiones definitivas los 17 años de prisión que solicitaba para un hombre acusado de abusar sexualmente de una inmigrante, a la que supuestamente retenía en contra de su voluntad y a la que obligaba prostituirse con amenazas.

Según informaron a Europa Press fuentes del caso, el juicio, celebrado en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, se ha llevado a cabo pese a que no se ha presentado la supuesta víctima. En un principio el fiscal solicitó que se suspendiera, pero los magistrados del Tribunal decidieron continuar con el juicio, en la que el acusado negó todos los hechos, y que quedó visto para sentencia.

Según consta en el escrito de acusación del ministerio público, los hechos sucedieron en febrero y marzo de 2005, fecha en la que el acusado, que responde a las iniciales G.L.R.M., presuntamente obligaba a una mujer, de origen paraguayo, a mantener relaciones sexuales con él, "consistentes en penetración bucal, anal y vaginal en contra de su voluntad, amenazándola con pegarle y desfigurarla si no accedía".

En ese mismo período, la supuesta víctima también era obligada a mantener relaciones con otras personas a cambio de dinero, "con las mismas amenazas" de G.L.R.M., en el lugar donde estaba retenida, un chalet en la calle Natación de la localidad sevillana de Gines.

La Guardia Civil acudió a la citada vivienda después de que la mujer solicitase ayuda a la misma, pero el acusado no abrió la puerta, hasta que los agentes recibieron un auto de entrada del Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, procediendo a la detención del hombre y a la liberación de la inmigrante.

Para el fiscal los hechos narrados constituyen un presunto delito de detención ilegal, para el que solicita cuatro años de prisión; un presunto delito continuado de agresión sexual, para el que pide diez años de cárcel y una medida de alejamiento a 500 metros y la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la supuesta víctima; y un presunto delito de prostitución, para el que reclama una pena de tres años de privación de libertad y una multa de 12 meses con una cuota diaria de dos euros.