Marbella.- La Audiencia ratifica que la Junta no se persone como perjudicada en el caso 'Malaya'

Actualizado 17/03/2007 14:34:18 CET

MÁLAGA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Málaga ha rechazado la personación de la Junta de Andalucía como perjudicada en el caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), tras desestimar el recurso de apelación presentado por la representación legal de la administración andaluza contra el auto del juez que instruye la causa, Miguel Ángel Torres.

En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, dictado en febrero de este año, la Sección Tercera estima que "no constan elementos de prueba ni argumentos jurídicos" que lleven a corregir el auto de reforma emitido por el instructor el 28 de noviembre, el cual considera el Tribunal de apelación "plenamente acomodado a Ley y Derecho".

La Sala determina que "no puede ser tachada de arbitraria o absurda" ni la resolución dictada por el magistrado el 8 de noviembre, en la que acordó no tener por personado al gobierno andaluz "al no ostentar la condición de perjudicado", ni el auto sobre el recurso de reforma.

En ese último auto, el juez entendía que la Junta "no es perjudicada en este procedimiento, sino que en atención a sus amplias competencias, en particular en materia de urbanismo, su situación está más próxima al responsable civil" e incluso añadía que tenía "una posición que se aproxima conceptualmente al partícipe a título lucrativo como beneficiario de los ingresos tributarios de todas las licencias ilegales concedidas hasta las detenciones en la presente causas".

El magistrado apuntaba que la posición del gobierno andaluz "se asemeja más a la de tener un cierto grado de responsabilidad en la situación creada en Marbella, en atención a las amplias competencias y facultades que ostenta". Coincidía con el fiscal en que la Junta "no puede ser ofendida por los delitos objeto de la presente causa en tanto no es titular de los bienes jurídicos afectados", de forma que, según explica, "no existen en estos delitos ofendido por los mismos como tal, sino la colectividad en general".

Así, señalaba en ese auto, incluido en la última parte del sumario no declarada secreta, que no se deniega al gobierno andaluz el derecho a personarse en la causa, "lo que puede hacer en cualquier momento como acusación popular", sino que, precisa, lo que "se rechaza con rotundidad es que la Junta ostente la condición de ofendida o perjudicada en la presente causa".

El instructor estimaba que los gastos derivados de asumir las competencias en materia de urbanismo no pueden repercutir en los imputados puesto que considera es una decisión "de carácter político" y añade que tampoco pueden ser responsables "de que se haya decidido constituir una gestora, ni de que después de años de denuncias y escándalos se haya decidido disolver el Ayuntamiento".

Tras ese auto, el equipo jurídico de la Junta presentó en diciembre de 2006 un escrito solicitando su personación como acusación popular y el fiscal Anticorrupción emitió un informe el 18 de enero en el que decía no tener "nada que objetar" a la pretensión del gobierno andaluz de ser acusación popular, personación que fue aceptada por el juez Torres el 22 del mismo mes.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, rechazó con contundencia que la administración autonómica se haya "beneficiado en nada" de las operaciones urbanísticas irregulares que se han producido en Marbella y aseguró que la Junta no ha cobrado "ningún impuesto sobre ninguna transacción o transmisión patrimonial ilegal".

Defendió que la administración andaluza ha ejercido su "responsabilidad" en todo momento en el control de la legalidad urbanística en el municipio y aseguró que el auto del juez que investiga el caso 'Malaya' se basa en "apreciaciones subjetivas". Además, indicó que la Junta "ha actuado en todo momento como tenía que actuar" con la impugnación de licencias y convenios que eran aprobados por el Ayuntamiento de Marbella.