Marbella.- Ecologistas en Acción consideran las postura de los urbanizadores "un ataque" al Estado de Derecho

MARBELLA (MáLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

Ecologistas en Acción consideró hoy que las declaraciones efectuadas tanto por el presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores, Ricardo Arranz, como por el presidente de la Asociación provincial de Constructores y Promotores (ACP), José Prado, quienes alertaban la alarma social que podría provocar la paralización de obras en Marbella (Málaga), suponen un "ataque en toda regla" al Estado de Derecho y al estamento municipal.

Según afirmaron en un comunicado, la "alarma social" de la que hablan estos constructores, "los dos empresarios y promotores y representantes de muchos empresarios del mundo inmobiliario", sólo está presente en el ánimo de los intereses de "algunos de los miembros" de sus asociaciones.

De esta manera, señalaron que, desde hace muchos años, "mucha gente en Marbella (Málaga) y en la Costa del Sol" vienen denunciando obras ilegales y demandando el cumplimiento "estricto" de las resoluciones dictadas por los tribunales que muchos constructores "han venido burlando con total descaro".

"Esa, y no otra, es la verdadera alarma social que está presente en nuestra ciudad desde hace muchos años", apuntaron, al tiempo que añadieron que "la brutal especulación que ha sufrido Marbella y toda la Costa del Sol ha sido, sin ninguna duda, la más negativa de las promociones turísticas, en sus distintos segmentos".

Para esta formación, las licencias pertinentes que alegan "estos constructores y promotores, es una verdad a medias", ya que las legalidades de estas actuaciones urbanísticas las decidirán, en todo caso, los tribunales. "Hasta la fecha, las resoluciones y sentencias van en sentido contrario a las pretensiones de los constructores y concejales", dijeron.

Para Ecologistas en Acción, es igualmente falso que todos los agentes vinculados a las viviendas, incluso sus compradores, actuaran de "buena fe" ya que, en la mayoría de los casos, las obras "empezaron, continuaron y se vendieron", incluso, "con denuncias interpuestas, con imputaciones de concejales y, a veces, con autos de suspensión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)".

Asimismo, los ecologistas aprecian que las indemnizaciones "que tanto preocupan a los constructores" se determinarán en vía judicial y en función, precisamente, "del grado de conocimiento de la ilegalidad que estaban cometiendo, tanto constructores como compradores".

Para esta misma formación, también son "falsas" las cifras que dan los constructores ya que de las 30.000 viviendas construidas ilegalmente en Marbella en los últimos 15 años apenas un 10% están habitadas, "siendo esta cifra algo superior en temporada alta".

Por último, los ecologistas recalcaron que, en la actualidad, solo hay cinco concejales "a punto de ir a la cárcel" por dar licencias de obras ilegales, de casi 30 imputados por las mismas causas.

"Aún quedan por ver muchísimas denuncias presentadas por nosotros y por otras asociaciones de vecinos de la localidad, donde están imputados muchos empresarios y constructores que han participado en la comisión de esos delitos", puntualizaron.