Marbella.-Fiscal se opone a dejar libre a 6 imputados en caso Malaya por si destruyen pruebas y por haber delitos graves

MÁLAGA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero se opuso hoy a la libertad de seis de los principales imputados en el caso que se instruye por una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), al alegar la existencia de indicios de delitos graves y por el riesgo de destrucción de pruebas, de forma que se pueda "garantizar el éxito de la investigación", que calificó de "compleja" y en la que se ha incautado "gran volumen" de documentación "que aún se está analizando".

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga acogió hoy desde las 10.00 horas seis vistas diferentes sobre los recursos presentados contra el auto de prisión o la denegación de libertad de la ex primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, la ex alcaldesa Marisol Yagüe, el asesor de Urbanismo del Ayuntamiento, Juan Antonio Roca; el ex concejal de Transportes marbellí, Victoriano Rodríguez; el empresario Ismael Pérez, y la presunta testaferro de Roca, Montserrat Corulla. Los magistrados tendrán que decidir en los próximos días sobre la situación de éstos.

Así, el representante del Ministerio Público solicitó en todos los casos que se confirmaran los autos de prisión dictados por el juez del Juzgado número 5 de Marbella, Miguel Angel Torres, que investiga la causa, por "seguir vigentes" los presupuestos sobre los que se establecieron dichas resoluciones y porque se continúa estudiando la documentación incautada. De hecho, precisó que hay sociedades aún sin investigar, "porque han aparecido ahora".

Respecto al riesgo de fuga, que "parece que nunca existe", dijo que es "imposible" pedir una prueba concreta, en este sentido; al tiempo que defendió "la necesidad" de que las actuaciones continúen secretas, "por la complejidad de la investigación y por la naturaleza de los hechos"; y la competencia del juez instructor para seguir en este caso, frente a la falta de jurisdicción plateada por los letrados.

"IRREGULARIDAD" EN GARCIA MARCOS Y LA EDAD DE VICTORIANO RODRIGUEZ

Javier Gómez de Liaño, ex juez y ahora abogado defensor de la ex primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, dijo que la imputación de cohecho y alteración de concurso y subasta contra ésta "no sirve más que para dar cobertura a la prisión provisional", al asegurar que lo descrito en el auto no se corresponde con cohecho sino, en todo caso, con tráfico de influencias. Sobre el que fuera concejal de Transportes, Victoriano Rodríguez, recordó que tiene 77 años.

Por su parte, el fiscal aseguró que existe "un conjunto de indicios suficientes que ponen en relación a García Marcos con hechos delictivos graves, por lo que la prisión está justificada" y expuso el error del letrado en la interpretación del auto respecto a los delitos, que se corresponden con la descripción contenida. Respecto al concejal, precisó que hay "todo un catálogo de corrupción" con conversaciones en las que se demuestra que hizo "intermediación" en intercambio de dinero.

Gómez de Liaño argumentó la existencia de dilaciones en un proceso en el que al haber presos "debería tenerse mayor celo" y criticó el que no se de traslado a todas las partes, sino sólo al fiscal, de los autos. Añadió que se ha recurrido la prórroga del secreto del sumario, al entender que esta situación está "quebrantando el derecho de contradicción y el de una defensa con garantías".

Insistió, como ya lo hiciera en el recurso de reforma, en la "falta de jurisdicción" del juez Torres, que está en comisión de servicio, y pidió a la Sala que "entre a conocer este motivo y si procede se declare la nulidad de lo actuado". Explicó que la prórroga se le concede para "ultimar" ciertos procedimientos, pero que "el juez, haciendo caso omiso, incoa la instrucción de uno nuevo", como es el 'caso Malaya'. A este respecto, el fiscal precisó que esta causa emana de un testimonio tomado dentro de unas diligencias para las que sí se pidió la prórroga.

Además, el letrado criticó las normas de reparto establecidas entre el instructor y el titular del Juzgado. En este punto, reiteró que las defensas de los imputados han presentado un recurso de alzada ante el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra los acuerdos tomados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), referentes a dicha distribución de cometidos y a la prórroga de la comisión de servicio.

ROCA y YAGUE

El abogado de Juan Antonio Roca, José Aníbal Álvarez, calificó de "escalofriante" que se hable de riesgo de fuga cuando su cliente está siendo investigado desde hace años y la Audiencia Nacional lo dejó en libertad bajo fianza, con retirada del pasaporte. Criticó, además, que se está invirtiendo el orden porque "primero se adopta la medida de prisión y luego se investiga".

En este sentido, el fiscal precisó que quedan documentos por estudiar y nuevas sociedades "que no se han investigado, porque han aparecido ahora" y aseguró que el auto de prisión "detalla" unos indicios de delitos "por hechos graves".

El letrado de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, Pablo Luna, insistió, como ya hizo en su petición de libertad ante el juez, en que "no se dan los presupuestos para la prisión incondicional". Señaló la falta de motivación de los autos y pidió al Tribunal que "olviden que tiene un nombre y tuvo un cargo para poder dictar una resolución ajustada a derecho". A este respecto, el fiscal dijo que la declaración de imputados y las conversaciones desvelan "una situación de corrupción generalizada", en la que "no era raro" el intercambio de dinero.

Por otra parte, el letrado de la presunta testaferro de Roca, Montserrat Corulla, a la que se le imputan los delitos de blanqueo y contra la hacienda pública, defendió que su cliente era "una de las empleadas del despacho que administraba varias sociedades de Roca" y precisó que sólo hay una grabación contra ella, con una conducta que "no encaja en el tipo delictivo". Consideró "infundado" el peligro de fuga, por el arraigo, y de la destrucción de pruebas, al haber renunciado a sus cargos.

El representante de Anticorrupción hizo hincapié, en este caso, en un riesgo "objetivo" de que se puedan destruir fuentes de prueba, al haberse dado, por parte de la secretaria de Corrulla, un acto de ocultación, al intentar sacar fotocopias del caso Saqueo, en el que está imputado Roca. Además, destacó la participación de ésta en el entramado de sociedades.

Respecto al empresario madrileño, su abogado, Pablo Jiménez de Parga, explicó las imputaciones que se le hacen respecto a la adjudicación del servicio de grúa municipal, e insistió en que "no es cierto" que gestionara dicho servicio, que "nunca lo quiso", sino que buscaba cobrar la deuda que el Ayuntamiento tenía con su empresa. El fiscal, por contra, insistió en que "está acreditada su participación en distintos hechos delictivos" y en que para preservar las fuentes de prueba se debe mantener la prisión provisional.