Marbella- Muñoz (PP) dice que las palabras del juez Torres "desenmascaran la responsabilidad de Junta como beneficiaria"

Actualizado: jueves, 15 marzo 2007 18:53

MARBELLA (MÁLAGA), 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Alcaldía de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, destacó hoy que las afirmaciones del juez que instruye el caso 'Malaya' contra la corrupción urbanística en el municipio, Miguel Ángel Torres, "desenmascaran la connivencia y la responsabilidad de la Junta como beneficiara en la trama de corrupción".

Así, subrayó que "resulta muy clarificador" que el juez Torres afirme que la Junta no puede considerarse perjudicada ya que durante "todos estos años", tal y como refleja el auto judicial, "se ha estado nutriendo de los ingresos tributarios de todas las licencias ilegales concedidas hasta las detenciones".

En este sentido, Muñoz indicó que con estas consideraciones del magistrado "se pone de manifiesto lo que venimos denunciando desde el PP, que la Junta de Andalucía ha sido durante 15 años cómplice necesario de la corrupción urbanística de Marbella pues ha estado mirando para otro lado y poniendo la mano para cobrar".

Por ello, la dirigente popular anunció en un comunicado que su partido le reclamará al Gobierno andaluz que "devuelva todo lo recaudado mediante los impuestos cobrados por las viviendas, incluidas las que anunció que va a demoler".

Muñoz, que tuvo acceso a la documentación judicial al ejercer la acusación popular, subrayó como "muy significativo" que el juez haya argumentado su negativa a que la Junta se persone como acusación perjudicada en el hecho de que "en atención de sus amplias competencias, en particular en materia de urbanismo, su situación está más próxima a la figura del responsable civil".

Asimismo, recordó que su partido ya denunció, recientemente, que el Gobierno andaluz "sólo se mueve por intereses propios y partidistas y que su único propósito ha sido exprimir a Marbella hasta la última gota".

Así, Muñoz reseñó que dicho propósito "se ha llevado hasta el punto de querer pasar factura a los ciudadanos de la retirada de las competencias urbanísticas cursada a instancias del Gobierno autonómico, y que además el juez instructor define literalmente en su auto como una medida de carácter político".