Marbella.- La operación 'Malaya' ha supuesto el pago de más de seis millones de euros en fianzas

MALAGA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La denominada operación 'Malaya', contra la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), ha supuesto el pago por parte de los imputados de más de seis millones de euros en fianzas tanto para eludir la cárcel como para salir de ella. Actualmente, el número de implicados supera los 80, entre los que se encuentran los principales responsables municipales hasta hace unos meses, lo que llevó a la disolución del Consistorio y la constitución, por primera vez, de una comisión gestora.

La entrega de estas cantidades se debe a garantizar de alguna forma la presencia del imputado durante el procedimiento y en el juicio, según explicaron a Europa Press fuentes judiciales, que apuntaron que, en caso de que esto no se produzca, el dinero pasa al Estado. Asimismo, señalaron que también se utilizará para hacer frente a una posible responsabilidad civil al final del proceso.

Las investigaciones comenzaron en noviembre de 2005 a raíz de la declaración realizada por el jefe del Servicio Jurídico del Consistorio marbellí, Jorge González, por un procedimiento de delito urbanístico. Tras dicha declaración, la Policía, dirigida por el juez de Instrucción número 5 marbellí, Miguel Angel Torres, y el fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, comenzó a investigar al presunto cerebro de la trama, el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, y a su entorno político y profesional.

La primera fase policial, que comenzó el 29 de marzo, se saldó con 30 imputados, entre los que estaban, además de Roca, responsables municipales, como la alcaldesa Marisol Yagüe; la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos; el secretario Leopoldo Barrantes, y dos concejales, José Jaén y Victoriano Rodríguez. Además, se detuvo a los principales testaferros del ex asesor de Urbanismo y a su grupo de abogados, encargado de crear y dirigir empresas de éste.

En este caso, las fianzas para no entrar en la cárcel no fueron elevadas y oscilaron entre los 12.000 euros del gerente provincial de autobuses Portillo, Julio de Marco, y los 90.000 euros del letrado Francisco Zurita, pasando por los 30.000 euros que tuvo que abonar el edil José Jaén, que sería de nuevo detenido en la segunda fase.

Por el contrario, los dirigentes del Ayuntamiento como Yagüe, García Marcos o Rodríguez sí ingresaron en prisión y no tuvieron la opción de pagar dinero --en concreto 60.000 euros-- hasta septiembre, tras pasar seis meses en la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre. Roca aún permanece en prisión, al igual que uno de los dueños del bufete de abogados.

Las fianzas más elevadas las abonaron los empresarios detenidos en la segunda fase de la operación policial --desarrollada el día 27 de junio--, a los que el juez que instruye el caso les imputa un delito de cohecho por presuntos pagos al cerebro de la trama para que el Ayuntamiento dictase resoluciones urbanísticas supuestamente contrarias a derecho e irregulares.

Así, constructores como Avila Rojas, Tomás Olivo, Rafael Gómez, conocido como 'Sandokán', o Emilio Rodríguez Bugallo, tuvieron que abonar fianzas de 500.000 o de 300.000 euros para eludir la cárcel; mientras que otros, como Fidel San Román, Carlos Sánchez o Andrés Liétor ingresaron en prisión y tuvieron que pagar cantidades similares pero para quedar en libertad, en el caso de los dos últimos, en noviembre.

En esta segunda fase fue detenido el resto de concejales de la corporación, incluido el que había sido alcalde accidental tras el arresto de Marisol Yagüe, Tomás Reñones. Todos ingresaron en prisión y salieron bajo fianza de 50.000 euros a lo largo del mes de octubre, excepto Rafael González, a quien el juez rebajó la fianza a 20.000 euros, aunque cumple un año de condena por otro delito urbanístico.

Dicha fase continuó el 19 de julio con la detención del ex alcalde Julián Muñoz, aún en prisión; del ex concejal andalucista Pedro Pérez y de tres directivos de la empresa Aifos. Todos menos uno de los responsables de ésta última ingresaron en la cárcel malagueña, aunque salieron posteriormente tras pagar 50.000 euros, en el caso del edil y de cantidades más elevadas en el caso de los directivos.

La tercera y por ahora última fase de la operación 'Malaya', que tuvo lugar el día 13 de noviembre pasado, contó como protagonistas con empresarios como José María González de Caldas o Miguel López Benjumea, y con la ex mujer de Muñoz, Maite Zaldívar y a su hija, que no fue detenida, pero sí declaró como imputada. La que fuera esposa del ex alcalde pagó 90.000 euros por salir en libertad, mientras que la fianza más alta fue para el constructor Francisco Villarroya, con 500.000 euros.

Hay que recordar que algunos de los imputados han sido detenidos en tres ocasiones, como ocurrió con el ex jefe de la Policía Local Rafael del Pozo, la última vez por su presunta implicación en una red de subastas ilegales de coches de la grúa municipal; aunque también el secretario fue arrestado en dos ocasiones, al igual que el presunto testaferro de Roca Salvador Gardoqui. En busca y captura sigue desde el desarrollo de la segunda fase, es decir, finales de junio, el ex edil del PA Carlos Fernández.

El juez, que está en comisión de servicio en Marbella hasta finales de enero, ha levantado el secreto de sumario en cuatro ocasiones desde septiembre y en su último auto sobre la prórroga señala que se pueden producir "incluso nuevas detenciones", debido a que existen aún investigaciones "en curso" y "multitud de vías de investigación abiertas", sobre todo relacionadas con el blanqueo "de todos los fondos ilícitos que Roca y sus colaboradores han acumulado durante años".