MÁLAGA, 3 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga, José Prado, pidió hoy "mucha prudencia a la gestora de Marbella, a la Junta de Andalucía y a todos los agentes sociales relacionados con la situación del urbanismo en la localidad", ante declaraciones de derribos de inmuebles que "pueden crear alarma social".
Prado pidió "cuidado con las declaraciones que se hacen, que pueden alarmar al usuario de las viviendas, que es una persona a la que le ha costado mucho dinero esa casa y que se esfuerza todos los meses por pagar su letra".
Así, lamentó en declaraciones a Europa Press que este comprador "ahora escucha a la gestora de Marbella diciendo que las viviendas que haya que derribar se derribarán, lo que pone la carne de gallina a cualquiera".
Por estos motivos, insistió en solicitar "mucha prudencia y mucho tacto para tratar estos asuntos, porque estamos tratando de 30.000 criaturas".
Sobre la primera paralización de la comisión gestora de la localidad, realizada ayer en las obras de un inmueble con un hotel y 99 viviendas, Prado dijo que "si la paralización está basada en una orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) son ellos los que tienen la última palabra, qué vamos a decir nosotros".
Sin embargo, consideró que "en la situación del urbanismo de Marbella hay cuatro culpables, entre ellos el Ayuntamiento, que no debería haber dado licencias de obras desde 1998 a 2003 basándose en el plan del 98; y los promotores, que con buena fe creyeron en su día que el PGOU del 98 sería una realidad y, basándose en licencias de obras, se lanzaron a construir".
También apuntó a la Junta de Andalucía, que "cuando el Ayuntamiento presentó el PGOU del 98 no dijo no a todo el plan, sólo a un porcentaje pequeño", por lo que criticó que "en vez de actuar como en otras ocasiones, dando por bueno la parte del plan que aceptaba y dejando el resto pendiente, lo paralizó todo".
Así, recordó que "en Málaga capital pasó lo mismo con el plan del 94 y la barriada de El Palo se quedó fuera de ordenación, pero la Junta permitió trabajar al Ayuntamiento de ciudad y dar licencias en las zonas en las que no puso pegas".
Además, culpó también al TSJA, "que para una sentencia de tres renglones tardó de 1998 al 2003, cinco años en los que el Ayuntamiento de Marbella dio licencias para unas 25.000 viviendas", por lo que interpretó que "es una cadena de culpables, los cuatro están implicados y ahora que cada palo aguante su vela".
Por otra parte, el presidente de los constructores malagueños hizo especial hincapié en que "en Marbella no hay 30.000 viviendas ilegales, sino actuaciones irregulares, porque todas tienen licencia municipal, por lo que se puede pedir responsabilidad subsidiaria en caso de que se derriben".
Prado explicó que el PGOU de Marbella "tiene que estar terminado y entregado antes del 31 de diciembre, con previsiones de unas 50.000 viviendas para los próximos ocho años" y estimó que "entre esas 50.000, imagino que un gran contingente de las viviendas amparadas por el plan del 98 serán aceptadas".
Así, entendió que la solución a la actual situación "pasa por que el nuevo plan sea una realidad y que se vean cuantas quedan dentro del plan general y cuantas fuera y cuales son las salvables y cuales insalvables".
