Marbella.- Secretarios municipales muestran su "repulsa" por lo sucedido y piden que no se cuestione su trabajo

MALAGA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local mostró su "más absoluta repulsa" por los hechos acaecidos en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), que derivaron en el desarrollo de la operación 'Malaya' y la detención, además de miembros de la Corporación como la propia alcaldesa, Marisol Yagüe, del secretario municipal, Leopoldo Barrantes, que, aunque en libertad, está imputado por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

Desde este órgano lamentaron que se haya visto perjudicada la imagen de este cuerpo funcionarial, "objetiva y siempre muy profesional", por lo que consideraron que sería injusto que se pusiera bajo sospecha a todos estos trabajadores, teniendo en cuenta que en España, dentro de la escala de funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional --secretarios, interventores y tesoreros--, hay unas 5.000 personas.

Aunque indicaron a Europa Press que, ante todo, hay que tener en cuenta la presunción de inocencia, subrayaron que, en lo referido al secretario del Ayuntamiento de Marbella, se trata de "un caso puntual y no de algo generalizado".

Así, insistieron en que estos hechos "han ocasionado un grave deterioro de la imagen y confianza ciudadana en el funcionamiento de la Administración local", llegando, incluso, a acordar el Consejo de Ministros la disolución de la Corporación.

Pese a esta situación, el Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, a través de su presidente, Eulalio Avila, resaltó su "plena confianza" en la labor de los ayuntamientos, que son las instituciones "mejor valoradas" por los ciudadanos, "seguidas a mucha distancia --precisó-- por las comunidades autónomas y el Estado". "Esta realidad no puede ser empañada por situaciones tan graves como la ocurrida en Marbella", manifestó.

Por todo ello, este órgano colegiado ofreció su "más decidido apoyo" a la Justicia, que "ha adoptado las medidas necesarias en relación con los presuntos responsables de la trama de corrupción", así como a las instituciones del Estado de Derecho.

Además, destacó el "compromiso" de este cuerpo de "estar al servicio de la ciudadanía como parte integrante de la Administración local" y "siempre bajo los principios consagrados en nuestro Código Ético", único existente en España para una escala funcionarial.

MEDIDAS EFECTIVAS

Este colectivo exigió "medidas efectivas para garantizar el desarrollo objetivo e independiente de las funciones de fe pública, asesoramiento legal, control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, así como la contabilidad, tesorería y recaudación, adecuándose todo ello a los principios de legalidad y eficacia consagrados en el artículo 103 de la Constitución".

En este sentido, opinó que "se deben reforzar los controles internos de la Administración para garantizar a los ciudadanos que las entidades locales se ajusten en su actuación a la ley y al Estado de Derecho, así como la total y absoluta transparencia en la gestión".

El juez que instruye este caso de corrupción en el Consistorio marbellí, Miguel Angel Torres, dejó en libertad sin fianza al secretario del Ayuntamiento de Marbella, aunque está obligado a presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

La operación 'Malaya' se ha saldado por el momento con 24 personas detenidas y 25 imputados, incluido el superintendente de la Policía Local marbellí, Rafael del Pozo. De todos ellos, 12 se encuentran en prisión.

Por tanto, están en la cárcel Marisol Yagüe; la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos; el asesor municipal de Urbanismo y presunto 'cerebro' de la trama, Juan Antonio Roca; el concejal de Tráfico y Transportes, Victoriano Rodríguez; los empresarios Ismael Pérez Peña y Oscar Benavente Pérez; la presunta testaferro Montserrat Corulla; cuatro abogados del despacho Sánchez Zubizarreta & Soriano, y el industrial de Torremolinos (Málaga) Rafael Ll.