MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, defendió hoy la autonomía municipal en política urbanística, que es muy elevada "para lo bueno y también para lo malo", y aseguró que "la mayoría de los ayuntamientos están haciendo una tarea buena y positiva". A su juicio, el caso del Ayuntamiento de Marbella demuestra que lo necesario es agilizar la Justicia.
"Hacía mucho tiempo que venía sonando el río, pero hablamos de actuaciones delictivas, era la Justicia la que tenía que intervenir y quizá ha intervenido, a efectos de muchos ciudadanos, yo entre ellos, demasiado tarde", expuso el ministro en declaraciones a Tele 5 recogidas por Europa Press.
Jordi Sevilla expuso que en los años pasados se han hecho "algunas cosas" contra la situación que se estaba creando en el consistorio malagueño, pero que el sistema de autonomía municipal es "muy muy elevado, para lo bueno y desgraciadamente también para lo malo", así como que la lentitud judicial no han detenido la corrupción. "No puede ser que desde la primera vez que se presenta una denuncia hasta que se empieza a tomar decisiones pasen años. Eso lo tendríamos que evitar", reclamó.
El ministro explicó que el Consejo de Ministros del viernes decidirá sobre la disolución del ayuntamiento marbellí si se dan los pasos previos necesarios: que lo solicite la Junta de Andalucía (lo que podría ocurrir mañana), que informe sobre el caso la Comisión Nacional de Administraciones Locales y también, aprobando la disolución, la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado. El Gobierno necesita también informes de la abogacía del Estado.
SIN TIEMPO PARA ADELANTAR ELECCIONES
"Hablamos de situaciones muy graves que no se pueden tomar a la ligera por partidismo a corto plazo", insistió el ministro, recordando que sería la primera vez "en la historia de la democracia española" que el Gobierno disuelve una corporación municipal. En cuanto a lo que deberá ocurrir después, Jordi Sevilla insistió en que si se cumplen los plazos que marca la legislación no da tiempo a convocar elecciones antes de las que se producirán en todo el país el año que viene.
"Es casi imposible. Habrá que esperarse hasta mayo del año que viene con una gestora si es que al final todos los trámites llevan a la disolución del ayuntamiento", recalcó, e insistió en que la situación exige "ser escrupulosos en el cumplimiento de la ley". "Cada vez que la voluntad política intenta forzar la legalidad el resultado es malo siempre", repitió.
A su juicio, considerar que una convocatoria electoral rápida en Marbella perjudicaría al PSOE, y que por ello se niega a esta posibilidad, "es una tontería tan grande como decir que ellos (el PP) las quieren convocar ahora porque creen que las van a ganar". "Hablamos de algo tan serio que los regates en corto de candidatos nerviosos no deberían formar parte de los que tenemos que tomar las decisiones", dijo.
Jordi Sevilla explicó también que se ampliará el Pacto contra el Transfuguismo para añadir un compromiso más por parte de los firmantes (todos los partidos políticos) y que cuando se produzca un caso de estos "se ponga en manos de la Fiscalía para ver si detrás hay intereses delictivos o vinculados a actuaciones especulativas".