MARBELLA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)
El superintendente de la Policía Local de Marbella (Málaga), Rafael Del Pozo, que en estos momentos se encuentra de baja médica en su puesto de trabajo, fue a declarar en la mañana de hoy al juzgado de instrucción número 4 de la localidad por una querella interpuesta, en el mes de diciembre de 2005 por el Sindicato Independiente de Empleados Públicos (SIEP) por una presunta vulneración a la libertad sindical.
Asimismo, la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, que también se encuentra imputada en este caso, no pudo acudir a las dependencias judiciales ya que, según su abogado, Pablo Luna, el juez del caso Malaya, Miguel Angel Torres, "no le ha permitido acudir a otro juzgado", por lo que su comparecencia prevista para hoy se suspendió.
En este mismo proceso, también estaba citado a declarar un mando intermedio de la Policía Local. Todos ellos han sido imputados por considerarse que pudieran haber incurrido en un presunto delito de "vulneración a la libertad sindical".
Según el SIEP, los hechos se remontan a noviembre de 2005 cuando dos miembros de dicho sindicato fueron a recoger firmas, durante el cambio de turno, a las dependencias de la Jefatura de la Policía Local para reclamar cantidades que el Ayuntamiento adeudaba a la plantilla. Al tener conocimiento de su presencia, Del Pozo ordenó, verbalmente y por escrito, que abandonasen las dependencias; una situación que se repitió hasta en tres ocasiones; la última, incluso, en presencia de la ex regidora.
El abogado de Del Pozo, Francisco Cobo --ya que su letrada habitual Regina Román se encuentra actualmente de baja-- comentó a los medios de comunicación que las acusaciones se basaban en "una cuestión de interpretación".
Cobo aseguró que lo acontecido es consecuencia "de la necesidad de regular las entradas y salidas como en cualquier organismo ya que hay que vigilar quien pasa por allí donde entre otras cosas hay una oficina del 092 con secreto de sumario". Para el letrado, "los sindicalistas deberían haber pedido permiso al menos verbalmente".
Por su parte, el presidente provincial de SIEP, Pedro Rodríguez, consideró "improcedente" que Del Pozo dijese a los policías que "no firmasen nada, porque no había dinero para pagar" y añadió que la recogida de firmas se estaba realizando "durante un cambio de turno". "Además, yo llevo 25 años como agente en activo y por tanto tengo derecho a entrar en mi departamento", argumentó.
A su salida del juzgado, Del Pozo no realizó declaración alguna argumentando que la causa aún está bajo el secreto "de las actuaciones" y, cuando le preguntaron con respecto a su ánimo contestó que "podría estar mejor".