Marbella.-Urbanistas apoyan el derribo de viviendas ilegales,pero piden medidas para reducir su impacto social

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Técnicos Urbanistas (AETU), que agrupa a todas las profesiones relacionadas con el urbanismo y la ordenación del territorio, respaldó hoy la postura de la Junta de Andalucía de exigir la demolición de las edificaciones ilegales construidas en espacios reservados a equipamientos públicos en Marbella (Málaga), aunque consideró que "habrá que adoptar una serie de medidas para que el impacto social sea el menor posible".

El presidente de la asociación, Angel Díaz del Río, se entrevistó hoy con el presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, en un encuentro al que asistieron miembros del Consejo Europeo de Urbanistas, que entregó esta semana en Sevilla los VI Premios Europeos de Urbanismo.

Díaz del Río recordó que los derribos "están respaldados por fallos judiciales", con lo que si se ejecutan estas sentencias "se está cumpliendo la ley". Aunque abogó por mitigar el "impacto social" de estas actuaciones, defendió que "no se puede permitir que haya usos no autorizados en zonas para equipamientos o zonas verdes".

El presidente de AETU aseveró que el equipo técnico que está redactando el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella está formado por "los mejores profesionales del país", que están diseñando un documento "muy participativo, muy social, con mucho apoyo de la Junta y que va a lograr, aunque aún no sabemos en qué medida, amortiguar el daño y la carencia de dotaciones y espacios libres que la ciudad presenta".

DESARROLLO URBANISTCO

Sobre casos de corrupción como los registrados en la localidad costasoleña, mantuvo que "cuando hay un amplio nivel de desarrollo, desgraciadamente hay una serie de personas que cogen caminos erróneos, que no benefician a nadie, excepto a ellos mismos".

"Como profesionales del urbanismo, estamos contentos porque se están adoptando las medidas necesarias para que esas personas que tienen unos intereses particulares frente al interés general esté dando respuesta de sus responsabilidades", agregó.

En este sentido, Díaz del Río consideró que la situación "está cambiando, porque las leyes son muy importantes, pero es más importante la conciencia social". Tras sostener que va existiendo una "unánime respuesta social" contra el urbanismo descontrolado porque "hay cosas que no pueden pasar y que hay que solucionar", señaló que con esta "sensibilidad social que pone trabas a determinadas actuaciones no aconsejables, el objetivo se consigue casi sin ley".

Preguntado sobre si los casos de corrupción constituyen una realidad exclusivamente española o también se dan en Europa, el presidente del Consejo Europeo de Urbanistas, Jan Vogelij, señaló que mientras que en España se publican estos hechos, en otros países puede que no tanto, al tiempo que atribuyó la corrupción a la "dificultad de controlar" el proceso urbanístico con el gran "nivel de crecimiento" que está registrando España.

Vogelij defendió además que "no son los urbanistas quienes tienen que controlar esta situación, sino la legislación y la sociedad que implanta esa mentalidad", mientras que los urbanizadores deben apoyar esa legislación y aplicarla".

Según explicó Angel Díaz del Río, el presidente de la Junta agradeció a las dos entidades los premios otorgados en esta edición a proyectos andaluces (entre un 15 y 20 por ciento del total), así como a los proyectos españoles en general (un 40 por ciento).