MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Congreso, Manuel Marín, tiene previsto redactar una Resolución de la Presidencia para ordenar el proceso de renovación de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que corresponde llevar a cabo en noviembre y que en esta ocasión estará gestionado desde las Cortes, se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias.
Ocho de los vocales han de ser juristas de reconocido prestigio propuestos por los grupos parlamentarios y los otros doce restantes saldrán de la carrera judicial, bien sea promovidos por las asociaciones o como candidatos independientes con sus propios avales. Eso sí, la elección de los vocales, sean de extracción judicial o propuestos por los partidos, requiere mayoría cualificada en las Cortes (cada Cámara elige la mitad). En el caso del Congreso, eso supone 210 diputados (tres quintos), por lo que resulta imprescindible un acuerdo entre los dos grupos mayoritarios, el PSOE y el PP, cuyas relaciones atraviesan actualmente uno de sus peores momentos.
Los trámites de la renovación comenzaron formalmente el pasado 7 de mayo cuando el CGPJ remitió al Congreso y al Senado un oficio con la relación del escalafón de la carrera judicial y el censo de las asociaciones judiciales con vistas a la elección de los doce vocales de la carrera.
MARÍN, EN CONTACTO CON HERNANDO.
Dos semanas después, Marín se entrevistó con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, para cambiar impresiones sobre los trámites a seguir en el proceso de selección de los candidatos pertenecientes a la carrera judicial, ya que ésta será la primera vez en que las Cortes lideran todos los trámites.
Y es que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de mayo de 2001, acordada en el Pacto de Estado para la Justicia que entonces imperaba, permitió que la última renovación fuera realizada por el entonces presidente del CGPJ, Javier Delgado, con el objetivo de llevarla a cabo con la mayor urgencia.
Desde el Poder Judicial se deseaba que la elección del CGPJ quedase plasmada en el Reglamento del Congreso, pero esta vía se ha descartado máxime cuando la reforma reglamentaria lleva meses bloqueada en la Cámara por cuestiones de ámbito `parlamentario y político y no tiene visos de arreglarse. Así las cosas, el presidente del Congreso prevé redactar una resolución de Presidencia que, una vez recabado el consentimiento de la Junta de Portavoces del Congreso, servirá para desarrollar los trámites.
En fuentes parlamentarias se indicó a Europa Press que esta renovación seguirá las pautas de la anterior, que se gestionó desde el CGPJ. En ese sentido, se espera que para los doce vocales de procedencia judicial se seleccionarán a 36 precandidatos (tres por cada plaza que se iba a cubrir). De ellos, 19 serían propuestos por las asociaciones, que agrupan al 53 por ciento de la carrera, y los 17 restantes se reservarían para jueces que se presentasen de forma individual con un aval del 2 por ciento de la carrera judicial. Si los candidatos independientes no cubren su cupo, se concederán más propuestas a las asociaciones.
ENTRA UNA CUARTA ASOCIACIÓN.
El CGPJ tiene censados a 4.265 jueces, de los que 1.152 forman parte de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), 471 de la Francisco de Vitoria, 459 de Jueces para la Democracia y 186 del Foro Judicial Independiente. Con esos mimbres, se calcula que los 19 precandidatos de las asociaciones se repartirían de la siguiente forma: Diez de la conservadora APM, cuatro de la Francisco de Vitoria y otros tantos de la progresista Jueces para la Democracia, y uno del nuevo Foro Judicial Independiente.
Para llevar a buen término el proceso, el Pleno del CGPJ aprobó el pasado 22 de marzo un informe de 21 folios en el que se ofreció a auxiliar a las Cortes con el fin de que la renovación de la institución pueda desenvolverse con puntualidad.
El mandato del actual CGPJ finaliza el 7 de noviembre, aunque es previsible que, como en la última renovación, el proceso se retrase unos meses por motivos técnicos. A ello habrá que añadir el tiempo que los grupos políticos tarden en ponerse de acuerdo con los ocho juristas de reconocido prestigio y al seleccionar entre los precandidatos ofrecidos por los jueces.
