El constructor confirma pagos en B de casi dos millones a cargos públicos municipales de PP, PSOE e IU en la Comunidad de Madrid
MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
El empresario David Marjaliza ha comparecido este martes en la Audiencia Nacional sobre la nueva documentación que ha aportado en la macrocausa 'Púnica' y ha confirmado pagos en negro a cargos públicos de la Comunidad de Madrid, entre ellos el que fuera alcalde de Valdemoro Francisco Granados, a cambio de contratos públicos. En un momento dado, ha comentado que la finca donde vive la madre del también exconsejero del PP no se puede mantener "con una pensión de viudedad".
"¿Usted se piensa que eso se paga con una pensión de viudedad?", ha llegado a preguntar Marjaliza durante su declaración ante las preguntas del abogado de Granados, a lo que ha añadido que la casa la ha financiado él y otros empresarios que pagaban mordidas al exalcalde, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
En otro momento de su comparecencia ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, el constructor ha afirmado que en Valdemoro se pasó de "cultivar patatas" en terrenos rústicos a recalificar suelo para "cultivar ladrillos", en referencia a las adjudicaciones de obra pública concedidas en ese municipio a sus empresas.
Marjaliza ha declarado este martes durante cerca de tres horas para explicar al magistrado los libros contables de algunas de sus sociedades que entregó recientemente en el juzgado y en los que se reflejarían pagos de mordidas por valor de casi dos millones de euros a cargos públicos de PP, PSOE e IU en distintos municipios de la Comunidad de Madrid entre los años 1999 y 2002.
CLAVES DE LOS MUNICIPIOS Y LOS DESTINATARIOS DE LAS MORDIDAS
El constructor, uno de los principales investigados en la macrocausa de corrupción y que se ha prestado a colaborar en la investigación, ha confirmado ante el juez todos esos apuntes contables, en los que "aparecen las claves que se establecían en función de la localidad de la obra o adjudicación, para registrar el destinatario de las dádivas" que pagaban las empresas de Marjaliza a cambio de adjudicaciones de contratos públicos, según explicaba su defensa en un escrito adjunto a la documentación.
Según el empresario, el motivo por el que ha entregado ahora estos libros, cuando la instrucción de la causa está a punto de concluir, es que en su día la Guardia Civil la revisó durante las entradas y registros practicados y entendió que no era de interés para la investigación debido a que, sin la identificación de los nombres en clave de los participantes, no sería posible relacionar las entradas de los libros aportados con los hechos".
Los libros contables pertenecen a las sociedades Agrupación y Gestión de Patrimonios Inmobiliarios, S.L. (AGPI, SL), Estudio de Patrimonios y Gestión Urbana, S.L. (EPG, SL), Técnica de Promoción y Construcción, S.A. (TPC), Gestión de Técnica y Ordenación Urbana, S.L. (GTO), Agrupación de Patrimonios y Consulting de Construcción, S.A. (APCC), y MUSARA 1057, S.L.
Estas empresas habrían pagado dádivas a cargos municipales de distinto signo político en las localidades de Pinto, Getafe, Valdemoro, Parla o Aranjuez a cambio de adjudicaciones de obras públicas, sobre todo viviendas. Aparecen nombres como el de Francisco Granados, el principal imputado en Púnica, y del exalcalde socialista de Parla Tomás Gómez, así como nombres genéricos de los partidos.
SOCIEDAD POR SOCIEDAD Y LIBRO POR LIBRO
Al salir de la Audiencia Nacional, Marjaliza ha explicado a los medios de comunicación que durante su declaración ha ido explicando "sociedad por sociedad y libro por libro" los pagos, los importes y por qué conceptos. "Si el juez lo estima oportuno, puede hacer una pericial y verificar si me los he inventado yo o son de esa fecha", ha apuntado.
Sobre los pagos a cargos públicos, el empresario ha indicado que, aparte de Granados, él no conocía a los políticos de municipios madrileños, pero los contactos que él mantenía en los ayuntamientos le pedían el dinero para esos políticos y a cambio se adjudicaban a sus empresas contratos para construir viviendas. Ha insistido en que se trataba de políticos de distinto signo.
Fuentes jurídicas presentes en la declaración han indicado a Europa Press que el juez García Castellón ha preguntado a Marjaliza en un momento dado por qué se decidió a colaborar con la investigación, a lo que el empresario ha contestado que no quiere pasar 20 años en la cárcel.
