BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordado este martes que a veces la intervención y el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad son "necesarias, razonables y proporcionales", aunque sin querer evaluar la actuación durante el referéndum del 1-O.
También ha calificado de "anomalía del sistema" que Vox sea acusación popular en el juicio al proceso independentista en Cataluña y ha defendido que la figura de la prisión preventiva ya está "muy estudiada" y funciona correctamente.
Preguntado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press si hubo cargas policiales contra los votantes durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre, Grande-Marlaska ha sostenido que lo que sucedió fue "la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado ante una situación de orden público que se planteó ese día".
En ese sentido, ha dicho que las cargas policiales no siempre deben entenderse como una actuación indebida, ya que en ocasiones son "necesarias, razonables y proporcionales", aunque ha evitado pronunciarse sobre el caso del 1-O.
CRÍTICAS A VOX
El ministro ha dicho que la acusación es una figura que debe ser "reformulada de una forma clara y en profundidad" para evitar que quien la ejerza pueda instrumentalizarla y extralimitarse en sus funciones.
Ha llamado a legislar sobre ello "con carácter urgente" y se ha mostrado dispuesto a hacerlo en la próxima legislatura, ya que la acusación popular mal ejercida puede perturbar la democracia y el Estado de derecho, ha alertado.
Sin embargo, ha opinado que la figura de la prisión preventiva ya está "muy estudiada" y funciona correctamente, y en el caso del juicio por el proceso soberanista esta medida está acordada por el tribunal, valorando el conjunto de las circunstancias.
HAZTE OÍR
Marlaska también se ha pronunciado sobre el autobús de Hazte Oír que este lunes circuló por Barcelona, del que ha valorado que está "en las líneas rojas de la libertad de expresión", ya que en un Estado de Derecho solo se debe limitar cuando conduzca a la violencia y este caso es confuso, ha apuntado.
Sobre la actividad del barco Open Arms, ha dicho que está paralizada por "una serie de irregularidades administrativas", y ha pedido que nadie dé lecciones al Gobierno, ya que favoreció el salvamento de 60.000 vidas el pasado año.
