MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
Dos empresarios navarros fueron detenidos ayer en Navarra por su presunta relación con la red de extorsión de la banda terrorista ETA por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, confirmaron a Europa Press fuentes jurídicas.
La detención ha sido ordenada por el juez Fernando Grande-Marlaska dentro del sumario 86/98 que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Los dos empresarios navarros, que podrían estar relacionados con el pago del impuesto revolucionario, prestarán declaración ante el juez el próximo lunes, según las mismas fuentes.
La detención de estos empresarios ha sido posible gracias a la documentación incautada a los detenidos en la operación policial que se llevó a cabo simultáneamente en España y Francia durante la madrugada del pasado martes y se saldó con la detención de doce personas.
Concretamente, en el domicilio de Bayona de uno de los detenidos, José Luis Cau, la policía francesa halló un recibo del cobro del 'impuesto revolucionario' a dos empresarios por valor de 64.000 euros. Aunque el recibo estaba fechado este mes de junio, corresponde a una deuda de 2001.
El nombre de José Luis Cau Aldanur, nacido en Azpeitia (Guipúzcoa) el 21 de septiembre de 1943, ha aparecido en el marco de varias investigaciones sobre el entramado económico de la banda y, concretamente, sobre el 'impuesto revolucionario'.
Además de Cau, en Francia fueron detenidos Ángel Iturbe Abásolo, responsable de la red; Julen Kerman de Madariaga y Aguirre, Maria Cristina Larrañaga Arando, "Cristina de Mondragón"; Eloy Uriarte Díaz Guereñu,"señor Robles"; Maria Izaskun Ganchegui Arruti y José Ramón Badiola Zabaleta. De acuerdo con las investigaciones, era en Francia donde la dirección de la red de extorsión coordinaba y canalizaba las peticiones exigiendo el pago del impuesto revolucionario.
En España los detenidos fueron Joseba Imanol Elosúa Urbieta; Ramón Sagarzazu Olazaguirre; Ignacio Aristizábal Iriarte; José Carmelo Luquín Vergara; Jean Pierre Harocarene Camio. Para estos dos últimos, el juez Grande-Marlaska ha dictado prisión condicional incomunicada.
Los detenidos en esta operación se encargaban la gestión y recaudación del conocido como "impuesto revolucionario" exigido a empresarios e industriales españoles, fundamentalmente en el País Vasco y Navarra.
La operación ha sido dirigida por los jueces Grande-Marlaska y Levert y tiene su origen en el sumario (86/98), que fue iniciado en 1998 por el juez Baltasar Garzón, que investigó el pago del 'impuesto revolucionario' por algunas empresas, entre ellas la empresa navarra de máquinas expendedoras Azkoyen.
Con respecto a Azkoyen, en abril de 2004 Garzón acordó la imposición de fianzas de 20.000 euros a cuatro ex miembros del consejo de administración de la empresa Navarra, después de que éstos reconocieran ante el juez el pago de 37 millones de pesetas a ETA en concepto de "impuesto revolucionario". Garzón acusó a todos los imputados de un delito de allegamiento de fondos a organización terrorista.
INVESTIGACIÓN
La operación está directamente relacionada con las investigaciones que durante los dos últimos años se han desarrollado en España y Francia por un Equipo Conjunto de Investigación creado en torno a las actividades criminales desarrolladas por ETA.
De acuerdo con las investigaciones, los detenidos en esta red organizada de extorsión habrían realizado las siguientes funciones: En Francia, donde se encuentra la dirección de la red, se ocupaban de coordinar y canalizar las peticiones exigiendo el pago del "impuesto revolucionario" e intermedias con los empresarios españoles, operando en el sur de Francia y también en España. Estas funciones las realizaban Cau Aldanur, Larrañaga Arando, Uriarte Díaz de Guereñu, Sagarzazu Olazaguirre, y Badiola Zabaleta, bajo la dirección de Iturbe Abásolo.
En España realizaban labores de intermediación de la red de extorsión, que consistían en establecer contacto con los extorsionados, activar el proceso de negociación, articular plazos y vías seguras de pago, entregar los recibos, distribuir y poner en circulación las cartas de extorsión y, en algunos casos, recibir el dinero, actuando también como "enlaces". Estas actuaciones las desarrollaban Elosúa Urbieta, Lúquin Vergara y Harocarene Camio .
Asimismo, invertían los beneficios obtenidos como consecuencia de la actividad criminal de los intermediarios y hacer desaparecer ese capital obtenido de manera ilícita y clandestina de los circuitos financieros regulares fiscalizables en España, trasladándolos a paraísos fiscales.
En la operación, que aún continúa abierta, se están practicando en España 14 registros en la provincia de Guipúzcoa y 2 en la de Alicante. Igualmente, se procede al embargo de bienes patrimoniales con un valor estimado en la actualidad superior a los 700.000 euros, entre ellos un establecimiento de hostelería, regentado por Elosúa Urbieta cuya clausura ha ordenado el juez así como otros inmuebles presuntamente adquiridos en su día con los beneficios obtenidos del pago de las extorsiones.
Por otra parte, se han bloqueado los saldos de más de medio centenar de cuentas bancarias domiciliadas en entidades financieras españolas y francesas, cuya naturaleza está siendo investigada. Además, en Francia, se llevan a cabo seis registros domiciliarios.
