MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
La última redacción de la exposición de motivos de la Ley de Memoria Histórica, pactada por PSOE, IU-ICV y los nacionalistas, impide expresamente que la Administración o los tribunales se escuden en el ordenamiento jurídico del franquismo para rechazar la anulación de condenas políticas.
En ese texto, al que tuvo acceso Europa Press, se señala que la disposición de la ley que deroga leyes del franquismo "priva de vigencia jurídica a aquellas normas dictadas bajo la dictadura manifiestamente represoras y contrarias a los derechos fundamentales". Con ello se proclama su "formal expulsión" del ordenamiento jurídico español, hasta el punto de impedir que esas normas sean invocadas "por cualquier autoridad administrativa y judicial".
Hasta ahora, los intentos de anulación de sentencias políticas del franquismo chocaban con el argumento, utilizado con frecuencia por distintos tribunales, de que no se puede anular un fallo judicial que emana de un ordenamiento jurídico que, en su momento, estaba plenamente vigente. Para la Justicia, la derogación de las normas franquistas que dejó clara la Constitución de 1978 no podía aplicarse con efectos retroactivos.
En la exposición de motivos consensuada en el Congreso se especifica que la ilegitimidad de los tribunales franquistas y de sus condenas, acordada por PSOE e IU-ICV en primavera, "subraya de forma inequívoca la carencia actual de vigencia jurídica de aquellas disposiciones y resoluciones contrarias a los derechos humanos y contribuye a la rehabilitación moral de quienes sufrieron tan injustas sanciones y condenas".
SE ASUME LA "CONDENA DEL FRANQUISMO".
Además, se confirma que la ley "asume la condena del franquismo" aprobada en marzo de 2006 por el Consejo de Europa, y no sólo la proposición no de ley que salió adelante en el Congreso en 2002, con mayoría absoluta del PP.
La redacción acordada incluye también, conforme a las negociaciones con CiU, la aplicación de la "ilegitimidad" a los jurados populares del bando republicano y a las sanciones y condenas impuestas por motivos de "creencias religiosas", lo que también atañe a esa facción.
Igualmente, y a instancias de IU-ICV, se reconoce como luchadores por la democracia a los "combatientes guerrilleros" (los maquis), a los integrantes del Cuerpo de Carabineros y a los miembros de la Unión Militar Democrática (UMD).
FOMENTO DE VALORES CONSTITUCIONALES.
Por último, y frente a las críticas del PP, la exposición de motivos recalca que el legislador no pretende "implantar una determinada memoria colectiva", sino reparar a las víctimas, proteger la "memoria personal y familiar", y también "fomentar los valores constitucionales y promover el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado".
Todo ello, según recalcan los grupos proponentes, "para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos como las entonces vividas".
