PALAU DE LA MÚSICA DE CATALUNYA
BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
El juez que investiga el desfalco del Palau de la Música ha ordenado separar este viernes la causa e investigar, al margen del desvío del Palau, los presuntos pagos irregulares a CDC vinculados a la adjudicación de obra pública a Ferrovial, aunque no ha imputado a nadie.
Esta puede ser la última decisión de Juli Solaz antes de su traslado como magistrado a la Audiencia de Barcelona, que le fue concedido.
En su escrito, presentado este viernes, estima en parte el recurso de la Fiscalía, que pidió separar la causa, y admite indicios de delitos en que sólo hayan participado parte de los imputados de la causa central.
Esta investigación se centrará en los pagos de los patrocinios de Ferrovial a la institución musical --por unos 12 millones de euros--, presuntamente relacionados con los supuestos pagos irregulares a CDC y la adjudicación de obra pública a la constructora.
El juez considera que esta nueva pieza también "agilizará" la causa principal, que investiga el desfalco de la institución, que está prácticamente concluida a la espera de la concreción de cifras reclamada a los peritos judiciales.
Urge a la Fiscalía a concretar las personas de la causa principal que también estarían imputadas en esta segunda causa, y las que hayan podido resultar perjudicadas.
"DESORIENTACIÓN" DEL CONSORCI
Solaz ha criticado la "completa desorientación y cambios de criterio" del Consorci de la institución --integrado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura--, que no han facilitado la investigación.
Ha afirmado que ha tenido "una posición cambiante y particularmente confusa" sobre la decisión de separar o no de la causa principal los presuntos pagos irregulares a CDC y de pedir o no nuevas imputaciones, entre ellas la del ex tesorero de CDC Daniel Osàcar y la del ex secretario de inmigración de CDC Àngel Colom.
Solaz destaca que la negación de algunos perjudicados a que se investiguen determinados hechos "obedece a motivos completamente ajenos al ámbito jurídico", por lo que no puede considerarlos a la hora de tomar la decisión.
El Govern que preside Artur Mas ha asegurado que está "contento y satisfecho" de la decisión del juez y ha recalcado que el Consorci no ha cambiado de criterio.
El portavoz del Govern, Francesc Homs, ha indicado que quieren llegar hasta el final pero no ha valorado la crítica de Solaz al Consorci y ha acusado a la oposición de hacer creer que abrir una causa es sinónimo de culpabilidad.
Tanto PSC como C's estudian pedir la comparecencia parlamentaria de Mas, si no da ni le convencen sus explicaciones.
El diputado del PSC Joan Ferran ha expresado su satisfacción y se ha alineado con el juez al afirmar que la "posición cambiante y particularmente confusa" del Consorci.
"Hay una intromisión gubernamental de la Presidencia de la Generalitat en el ámbito judicial que entorpece y deja poco claro el papel de CDC, la justicia y el Govern", ha dicho Ferran, y el popular Enric Millo ha afirmado que el juez deja en evidencia al Govern.
Joan Ridao (ERC) ha destacado que Solaz da una "bofetada" al Govern y ha calificado de política la decisión del Govern de dar instrucciones a los servicios jurídicos de la Generalitat para evitar la imputación de personas vinculadas a CDC, según él.
CDC se ha ofrecido a colaborar con la justicia para aclarar "cualquier sombra de duda", y se ha presentado como la primera interesada en llegar "hasta el fondo sobre todas y cada una" de las líneas de investigación.
Tras remarcar que no hay nuevas imputaciones, ni siquiera tras las nuevas declaraciones ante el juez, concluye que "ninguna declaración ha determinado ningún tipo de imputación de algún miembro de CDC".