Moncloa reitera que Begoña Gómez es "inocente" y sufre una causa política tras confirmarse que habrá juicio

   MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

   El Gobierno reitera que Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez es "inocente" y la causa judicial en la que está inmersa es "política", después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya confirmado la decisión del juez instructor Juan Carlos Peinado de enviarla a juicio con jurado popular.

   No obstante, la Audiencia ha revocado las medidas cautelares fijadas por Peinado, que apreciaba riesgo de fuga, y devolverá el pasaporte a Gómez, que ya no tendrá prohibido salir del país ni deberá acudir periódicamente a firmar en el juzgado.

   El tribunal ha acordado mantener el juicio con jurado popular contra la esposa de Sánchez, aunque lo hace de forma parcial, únicamente por los delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Por el contrario archiva otros dos de los que Peinado acusaba a Gómez: corrupción en los negocios y apropiación indebida.

   Los magistrados consideran que "parece perfectamente verosímil sostener" que Gómez "logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno, no solo para lograr la concesión de la cátedra -- que dirigió en la Universidad Complutense de Madrid-- sino para hacerlo de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto", según el auto recogido por Europa Press.

INTENCIÓN POLÍTICA EN EL JURADO POPULAR 

   Pese a todo, fuentes de Moncloa defienden que Gómez es "inocente" y consideran que todo el que conozca la instrucción judicial "sabe que se trata de una causa política", lamentan, que "tiene su origen en una denuncia falsa, basada en noticias falsas".

   La única motivación de este proceso, señalan es "el acoso y la persecución a la mujer del Presidente del Gobierno", indican en la misma línea que viene trasladando el Ejecutivo desde el inicio de la causa. Además, ven la decisión de llevar a cabo un procedimiento por jurado como "una muestra más de la intención política" del caso.

   El Gobierno afronta en la misma semana dos decisiones judiciales sobre el entorno familiar de Sánchez, después de que este mismo martes la Audiencia de Badajoz condenase a su hermano, David Sánchez, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación por el puesto público que ostentó, dependiente de la Diputación provincial.

   Desde el Ejecutivo también criticaron esta decisión y dijeron que respetaban pero no compartían la sentencia al ver "inocente" al hermano del presidente y esperaban que instancias superiores corrigiesen esta decisión. Así, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, dijo que esta causa tenía como único origen "dañar al presidente" a través de su familia.

NO HAY PRUEBAS DE "PRESIONES"

   Desde el Gobierno consideran que Gómez no incurrió en comportamientos delictivos por ninguno de los delitos que le achacan los investigadores y, a su juicio, los hechos así lo demuestran. En concreto, respecto al delito de tráfico de influencias por presuntamente favorecer al empresario Juan Carlos Barrabés, sostienen que no hay "ninguna prueba de llamadas presiones o gestiones" para influir en las adjudicaciones de contratos públicos.

   Las cartas de apoyo firmadas por Gómez eran similares a otras suscritas por "decenas de entidades como el Ayuntamiento de Madrid", gobernado por el PP, y Barrabés -sostienen- ya contrataba con la Administración antes de conocer a Begoña Gómez.

   En el Gobierno también niegan que Gómez cometiese un delito de malversación de caudales públicos, por presuntamente haber utilizado recursos públicos para fines privados. Ni por el uso del software desarrollado en la Universidad Complutense de madrid ni tampoco por la "supuesta utilización de su asistente" para asuntos personales.

"NO COBRÓ NI UN EURO"

   En ese sentido defienden que el 'software' objeto de investigación era "una url de una página web que nunca se finalizó, que nunca se explotó comercialmente y que estaba pensada para ser un servicio gratuito para empresas y ONGs del tercer sector", sostienen. Por tanto "no hubo beneficio económico" para ninguno de los investigados y la UCM "no sufrió perjuicio patrimonial".

   En la misma línea subrayan que la mujer de Sánchez "no cobró ni un euro por codirigir la cátedra" de Transformación Social Competitiva y recalcan que empezó a colaborar con la UCM desde el año 2012, años antes de que Pedro Sánchez fuese secretario general del PSOE (2014) o presidente del Gobierno (2018).

   También defienden que la asistente de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, fue nombrada "legalmente" y sus funciones "incluían agenda, comunicaciones, acompañamiento y apoyo organizativo" y es una figura "imprescindible" que han tenido todos los cónyuges de los presidentes del Gobierno. Por tanto consideran que los hechos investigados "no constituyen delito" y recalcan que la Fiscalía solicita la libre absolución.