Múgica pide al Ayuntamiento de Granada que no tienda a una "indeseable" institucionalización del botellón

Actualizado: martes, 11 julio 2006 16:42

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo recomienda al Ayuntamiento de Granada que no tienda a una "indebida o indeseable" institucionalización del fenómeno del botellón "mediante la organización de medios para su preservación". Además, le pide que "reconsidere" el punto de vista "en exceso comprensivo" que las autoridades "parecen tener del problema de la contaminación acústica generada" por el botellón y su utilización "como reclamo".

Según desprende el Informe Anual elaborado por la institución que dirige Enrique Múgica, al que tuvo acceso Europa Press, el Defensor del Pueblo reclama al Ayuntamiento de la capital que no considere el botellón "un bien ordenado" siempre que haya "vecinos a quienes perjudique" y que este fenómeno sea tratado "no tanto como disfrute sino como padecimiento".

Además, le reclama "que no tienda" a su "indebida o indeseable institucionalización mediante la organización de medios", tanto personales como materiales, "para su preservación" y que "reconsidere" la utilización como "reclamo", incluso turístico, "de la ordenación necesaria de este fenómeno".

CONTAMINACION ACUSTICA

Respecto al problema de la contaminación acústica, recuerda al Consistorio la necesidad de no perder de vista los antecedentes de este problema en la ciudad y le advierte de que "el ruido sólo desaparecerá con la eliminación efectiva de los focos que lo generan y con la adopción de medidas de aislamiento cuando sea preciso o inevitable".

En este sentido, le reclama que complete la labor preventiva "con la sancionadora y la correctora de la contaminación" y que "no se posponga" la redacción de las ordenanzas ambientales en materia de ruido, para lo que solicita el desarrollo del 'Proyecto Jericó' de "supervisión de actividades de ocio".

Así, le propone que "complete sus previsiones" con mecanismos de evaluación de los resultados y le pide que remita a la oficina del Defensor del Pueblo una evaluación de su actividad, tanto respecto al botellón como a la contaminación acústica, de forma semestral hasta el año 2007.