MARBELLA (MÁLAGA), 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, en prisión por su presunta implicación en el caso 'Malaya', declaró durante el día de hoy y por un periodo de dos horas ante el Juzgado de Instrucción número 1 marbellí, para responder por la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en relación a unos convenios urbanísticos.
Tras la declaración, a las 13.35 horas el ex regidor fue conducido de nuevo a la cárcel de Alhaurín de la Torre, mientras que su abogada, Laura Sánchez, perteneciente al bufete de José María Del Nido, afirmó que había sido una comparecencia "larga", si bien rehusó hacer cualquier tipo de declaración respecto al transcurso de ésta.
Muñoz, que llegó a los juzgados a las 09.50 horas, vestía traje de chaqueta azul marino y puso vérsele notoriamente más delgado. En la zona había una importante expectación, así como un despliegue considerable de medios de comunicación.
Además de contra Muñoz, esta querella se presentó contra el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento, Juan Antonio Roca, y el tasador José Mora, como presuntos autores los tres de los delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude cometidos en el Consistorio marbellí.
Fuentes de la defensa de Muñoz indicaron a Europa Press que la citación de hoy era "sólo" para el ex regidor, mientras que desde la defensa de Roca señalaron que éste tendrá que ser trasladado desde la prisión, donde se encuentra también por su presunta vinculación con el caso 'Malaya', el día 6 de octubre.
Esta segunda querella presentada por la Fiscalía sitúa a Muñoz y Roca como "los artífices de una maniobra tendente a enajenar los inmuebles propiedad del Consistorio marbellí a unos precios muy inferiores a los del mercado", aunque precisa que "hasta el momento no se ha podido averiguar qué clase de contraprestación han podido obtener a cambio".
En todo caso, destaca que esta conducta se enmarca en "una modalidad de liquidación de haberes públicos" dentro de los delitos de fraude y malversación de caudales públicos. Ambos tipos penales se imputan a Muñoz en concepto de autor, mientras que a Roca como cooperador necesario. Por su parte, el tasador Mora habría participado también en su comisión, al menos como cómplice.
Anticorrupción basa su acusación en el mismo informe del Tribunal de Cuentas, en esta ocasión en lo relativo al apartado en el que se analizan los convenios con particulares y enajenaciones de bienes inmuebles.
Según sus conclusiones, los convenios investigados contemplan todo tipo de operaciones como la permuta o la dación en pago. Señala que "los más frecuentes son aquellos en los que se pacta una modificación de los parámetros urbanísticos de determinado terreno".
En la querella, la Fiscalía resalta el protagonismo de Roca en "la elaboración y negociación de los convenios", al referirse a lo afirmado por la inmensa mayoría de las declaraciones prestadas hasta la fecha, que incluyen tanto a personas que trabajaban en el Ayuntamiento marbellí y en sus sociedades como a particulares y representantes de las sociedades que firmaron los convenios.
Respecto a Muñoz, Anticorrupción asegura que "no se puede admitir sin más la tesis" de éste de que firmaba los convenios que se elaboraban en una de las sociedades del Ayuntamiento --Planeamiento 2000, S.L.-- sin conocer su contenido. Añade que "la responsabilidad derivada de su cargo le exigía conocer los perjuicios económicos que se estaban causando al Ayuntamiento de Marbella mediante la Firma de estos convenios".
El informe del Tribunal de Cuentas, que hace suyo la Fiscalía, señala que "el único órgano competente para la aprobación de las modificaciones del Plan General es el Pleno".
Sin embargo, afirma que todos los convenios fueron firmados por el alcalde y sólo en algunas ocasiones fueron aprobados por la Comisión de Gobierno --menos del 40% de los convenios firmados en 2000 y 2001--. Igualmente, recoge que también se concedieron licencias de construcción en los terrenos enajenados sin estar aprobada la revisión del plan.
También señala que, en ocasiones, los convenios de dación en pago de deudas contemplaron la transmisión de inmuebles de titularidad municipal para pagar la ejecución de obras cuya correcta realización no había sido debidamente acreditada.
En otros casos, prosigue el informe, no se acreditó la necesidad de las permutas como exige la ley o se permutaron inmuebles por obras, lo que supone, según dice, una vulneración de las normas de contratación de las administraciones públicas y la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, que sólo lo permite cuando se trata de gestionar una actuación sistemática prevista en el planeamiento urbanístico.
TASADORES EXTERNOS
Por otro lado, dicho informe cuestiona la valoración hecha de los inmuebles enajenados, al afirmar que "el Ayuntamiento prescindió de los funcionarios municipales con competencia para esto", mientras que contrató, a través de la sociedad Planeamiento 2000, S.L., a tasadores externos, concretamente a Segundo Pastor y a José Mora, que fueron quienes realizaron todas las tasaciones contenidas en los expedientes de los convenios.
Sobre este punto, destaca que "son abundantes" las irregularidades detectadas en los informes de valoración sobre los expedientes de los convenios. Agrega como ejemplo que "en muchos expedientes los informes de tasación están fechados después de la firma del convenio", lo cual, según añade, refleja "claramente que se han limitado a ratificar el precio convenido con los particulares".
