La no comparecencia de tres testigos obliga a suspender la cuarta sesión del juicio por el caso Ollero

El caso quedará visto para sentencia el próximo lunes después de que preste declaración como testigo un policía

Europa Press Nacional
Actualizado: jueves, 6 julio 2006 16:14

SEVILLA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cuarta sesión de la vista oral que se sigue desde el lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla por el conocido como caso Ollero, por el presunto pago de comisiones en la adjudicación de las obras para el desdoble de la carretera que une el puerto de Las Pedrizas con Salinas, entre Málaga y Granada, ha tenido que ser suspendida esta mañana ante la no comparecencia de los tres testigos citados para hoy.

Se trata de J.V., E.T. y A.M., tres hombres de una empresa que trabajó para la constructora Ocisa --a la que se adjudicó la citada obra--, propuestos como testigos por el ministerio fiscal pero que no se han presentado hoy en la sala de vistas. Según explicaron a Europa Press fuentes del caso, a uno de ellos no se le había podido localizar (pese a haberlo intentado en tres ocasiones); otro se encontraría enfermo y el tercero no habría respondido a la citación.

Ante ello, el fiscal decidió finalmente renunciar a contar con sus testimonios, por lo que la sala optó por suspender el juicio hasta el lunes próximo, ya que para mañana no se había fijado una nueva sesión. Entonces, a partir de las 10.00 horas, se tomará declaración a un policía que intervino en el caso. Después, según está previsto, se dará lectura a las conclusiones definitivas de las partes, quedando así el caso visto de nuevo para sentencia.

El lunes tendrán que comparecer ante el tribunal los cuatro imputados por el caso al ser la última de las sesiones de la vista oral, al igual que ocurrió en la primera, celebrada el pasado día 3. Los cuatro imputados son Manuel Ollero, ex director general de Carreteras de la Junta de Andalucía, su hermano Jorge Ollero y los ex directivos de Ocisa L.N.M. y J.R.B.; se da la circunstancia de que, por las penas solicitadas inicialmente, sólo L.N.M. está obligado a asistir al juicio en su integridad, a diferencia del resto. Con todo, pese a no tener esta obligación, también está asistiendo a diario junto con éste Manuel Ollero.

El fiscal ha solicitado en sus conclusiones provisionales penas de dos años de suspensión para ocupar cargo público por revelación de secreto para Manuel Ollero y tres meses de arresto mayor por tráfico de influencias para el hermano de éste, Jorge Ollero. Para J.R.B. ocho meses de prisión por cohecho y 20 por falsedad documental, y para L.N.M. seis meses por encubrimiento de cohecho y 20 por falsedad documental.

La investigación por el caso se desarrolló a partir de 1992 y en 2001 el Tribunal Supremo confirmó el dictamen de la Audiencia sevillana por el caso, que condenó a Manuel Ollero a un año de inhabilitación para ocupar cargo público y a su hermano a la misma pena que hoy solicita el fiscal para él. Sin embargo, dos años más tarde el Tribunal Constitucional declaró nulas las escuchas realizadas, motivo por el que ahora se está repitiendo el juicio.

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