Nueva Canarias pide amparo en el Congreso acusando a Fomento de "ocultar información" y dar datos contradictorios

Actualizado 20/06/2014 14:02:55 CET
Pedro Quevedo y José Eduardo Ramírez
CEDIDO POR NC

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha pedido amparo al presidente del Congreso, Jesús Posada, porque considera que el Ministerio de Fomento le ha "ocultado informado" al remitirle "respuestas contradictoras" a varias preguntas sobre el fraude detectado en vuelos a las islas de supuestos residentes en el Archipiélago que, en realidad no lo son.

Según explicado, Quevedo ha optado por dirigirse a Posada porque las respuestas que Fomento a dado a sus preguntas o peticiones de datos no se corresponden con la información que él demandaba. En concreto, denuncia que entre noviembre de 2012 y el pasado mes de mayo, recibió tres escritos "en los que no se contesta a ninguno de los requerimientos hechos" sobre los motivos y datos del fraude que Fomento pretendía combatir con la entrada en vigor, el 1 de septiembre de 2012, de la exigencia del certificado de residencia para viajar.

La primera respuesta, el ministerio señalaba que, en los tres primeros meses de su puesta en marcha, se iban a ahorrar cinco millones de euros al estimar que el fraude era del 6%, mientras que en la segunda, cifraba en un 3% las personas se habían beneficiado del 50% de descuento de residente en el precio del billete sin estar empadronados.

Además, en un tercer escrito, el departamento que dirige Ana Pastor explicaba que la dirección general de Aviación Civil no se responsabiliza de la "apreciación" de los posibles casos de fraude al tratarse de un delito tipificado en el Código Penal.

Para Quevedo, se trata de "respuestas contradictoras hasta llegar casi a lo delictivo". A su juicio, de los tres escritos remitidos por Fomento se desprende que, al no haber datos "cuantificados" del fraude pero "sí de su recaudación", la exigencia del certificado de residencia se hizo "única y exclusivamente" con fines recaudatorios y que, por tanto, era "innecesario el maltrato" a los viajeros que supone tener que tener el certificado de residencia para viajar.

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