Archivo - El hijo menor del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Oleguer Pujol, declara como investigado ante el juez instructor de la Audiencia Nacional José de la Mata - EUROPA PRESS - Archivo
MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol y Marta Ferrusola, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que reclame a Países Bajos que complete la información bancaria que le fue solicitada en 2019 sobre dos de sus empresas y que a principios del año siguiente envió sin adjuntar todos los documentos.
Así consta en un escrito con fecha del pasado 23 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la defensa de la familia Pujol recuerda que el anterior juez de instrucción José de la Mata (ahora en Eurojust) libró en octubre de 2019 una Orden Europea de Investigación (OEI) dirigida a Países Bajos para que se practicaran unas diligencias de investigación en relación a dos empresas vinculadas al hijo menor del expresidente catalán, Dotricia BV y Anline Services BV.
En concreto, el magistrado solicitó que se investigara los movimientos de sendas cuentas bancarias a la entidad financiera ING Bank a lo largo de todo el año 2015.
Las autoridades holandesas dieron respuesta en enero de 2020 detallando que estas dos cuentas acumularon en 2015 algo más de 26 millones de euros --Dotricia tenía a finales de ese año 21.840.068 euros, mientras que el dinero en la cuenta de Anline Services ascendía a 4.162.727 euros--. Esta conclusión la acompañaron con los extractos bancarios de los activos que, a 31 de diciembre de 2015, de ese año tenía ambas cuentas de las dos empresas mencionadas.
Sin embargo, la defensa de Oleguer Pujol constata en su escrito que pese a que Países Bajos informó en su contestación de que enviaba una "acta de ejecución" con dos archivos que comprendían las operaciones bancarias de ambas sociedades mercantiles, en realidad "aquellos dos documentos no aparecían finalmente adjuntados y constituyen el núcleo de la OEI".
Según explica el abogado Cristóbal Martell, los archivos incorporados por las autoridades holandesas "no aportan más que una foto final a 31 de diciembre de 2015, sin que se conozca detalle alguno de las distintas operaciones acontecidas a lo largo de todo el año 2015".
"NUEVE MESES" ESPERANDO LA INFORMACIÓN QUE FALTA
Por ello, en marzo de 2020 tras conocer el resultado de la comisión rogatoria, la defensa de la familia Pujol Ferrusola solicitó al juez instructor que requiriera al otro país que completara el "acta de ejecución" con todos los documentos adjuntos descritos y en especial con los dos que faltan por conocer el detalle de la operaciones bancarias.
El juez De la Mata accedió a esta petición y solicitó de nuevo esta información en junio del año pasado, si bien "han transcurrido nueve meses y no consta todavía recibida la contestación a la OEI, siendo así que la anterior OEI fue contestada en tan solo cuatro meses", destaca el escrito.
Así las cosas, la defensa de Oleguer Pujol reclama al ahora juez encargado del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, para que vuelva a reclamar con "urgencia" esta información que falta.
RASTREO DE 90 MILLONES DE EUROS
El anterior juez instructor del 'caso Pujol' libró esta comisión rogatoria buscando el destino y reparto de más de 90 millones de euros --procedentes a su vez de la venta de dos inmuebles por parte de la empresa española Longshore SL-- que salieron de España a principios de 2015 con destino Dotricia, sociedad que, según el auto en el que solicitó la información bancaria, es una 'joint venture' "tras la que se esconden los compradores finales".
Estos compradores son dos partes diferentes, apuntó el instructor: por un lado, Anline Services, tras la que sitúa a Oleguer Pujol y a Luis Iglesias --yerno del exministro Eduardo Zaplana--, y una entidad de Luxemburgo, ESS-LUX SARL, detrás la que se encuentra, tras otras varias intermedias, el fondo de pensiones canadiense PSP (Canadá), cuyo porcentaje de participación en Dotricia se sitúa entre un 85 y un 89 por ciento.
Oleguer Pujol está procesado junto a sus padres y seis hermanos por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas", acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene pendiente resolver los recursos de la familia Pujol, y otros investigados, contra el auto dictado en julio de 2020 por el juez De la Mata con el que daba por concluida la instrucción sobre el presunto origen ilícito de su fortuna y considera que hay indicios para juzgar a todos ellos.
Asimismo, el hijo menor de Jordi Pujol y Marta Ferrusola se encuentra investigado, junto a otras siete personas, entre ellas Luis Iglesias, en una pieza separada de este caso, denominada 'Drago,' para investigar una serie de operaciones inmobiliarias que realizó.