MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
La operación desarrollada esta madrugada por la Policía Nacional y la Guardia Civil en Navarra, que se ha saldado con cinco detenidos, es el último golpe de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra la violencia callejera, tras los arrestos que se han producido en los últimos meses en las tres provincias vascas.
Hoy, agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a cinco individuos relacionados con el terrorismo callejero y practicaorn una decena de registros en diversos domicilios y locales en los que se encontraron abundante documentación y material. En concreto, se descubrieron cuatro artefactos incendiarios tipo cóctel molotov, confeccionados y dispuestos para ser utilizados. Según informó el Ministerio del Interior, la operación permitirá esclarecer 32 acciones de terrorismo callejero.
Esta operación se suma a las tres desarrolladas en los últimos meses en Alava, Vizcaya y Guipúzcoa, en las que se detuvo a un total de 24 personas vinculadas a la 'kale borroka', de las que ocho fueron puestas posteriormente en libertad.
PRIMERAS DETENCIONES EN ALAVA
La primera operación de este reciente golpe contra el terrorismo urbano tuvo lugar el pasado 10 de julio, en Alava, cuando agentes de la Policía Nacional detuvieron a Gorka Velasco, Koldo Moreno, Javier Fernández de Guzmán y Urko Arroy, único al que el juez de la Audiencia Nacional Garzón dejó el libertad, con la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.
Los cuatro, según la policía, estaban relacionados con ETA a través de la organización juvenil SEGI. En los registros de sus domicilios se intervinieron diversos artefactos incendiarios, material para la fabricación de otros, propaganda y documentación de la organización SEGI.
En el auto en el que se envío a prisión a tres de estos detenidos, el juez ordenaba la búsqueda y captura de otros dos miembros del grupo. Se trata de Federico Lomas, que en agosto se presentó de forma voluntaria en la Audiencia Nacional y para quien Garzón decretó prisión incondicional, e Ibai Peña, quien quedó en libertad con obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado.
Lomas fue acusado de haber participado en el reparto de octavillas a favor del preso de ETA José Ignacio de Juana Chaos y en la organización de un acto de apoyo a su puesta en libertad y de la realización de pintadas amenazadoras con la firma de SEGI contra los partidos PNV y PSOE. Además, en su domicilio se intervino propaganda de la organización juvenil y un documento incluido en un CD en el que se reflejaba un listado de empresas de Vitoria con anotaciones y marcas, similar al intervenido en un apartamento alquilado por miembros de ETA en la localidad francesa de Dax en 2005.
La policía les acusó de ser los responsables de un grupo de violencia callejera al que se atribuye la realización de más de cuarenta ataques cometidos en la capital alavesa desde 2004 y serían los máximos responsables de un grupo que venía operando en Vitoria durante los últimos tres años. A ellos se les atribuyen los diversos ataques sufridos por la Subdelegación del Gobierno, otros edificios públicos, oficinas bancarias, vehículos, entre otros.
ARRESTOS EN VIZCAYA
Posteriormente, el 7 de octubre, agentes de la Policía Nacional detuvieron de madrugada en Vizcaya, concretamente en la comarca de 'Uribe-Kosta', especialmente castigada por este tipo de actos, a Joseba Elorriaga, Txomin Gezuraga, Aner Mimenza, Mikel de Gregorio, Josu Rodríguez y Lander Labajo. Un día más tarde, en el marco de la misma actuación, fue arrestado en Getxo Zigor Goikoetxea.
El juez Baltasar Garzón ordenó prisión incondicional por pertenencia a banda armada y varios delitos de terrorismo para seis de los detenidos y dejó en libertad bajo fianza por motivos de salud a Zigor Goikoetxea, hermano de un etarra que participó en el atentado contra la casa cuartel de Durango.
Los detenidos confesaron su participación en, al menos, 11 sabotajes desde 2004. Entre los actos de 'kale borroka' figuran la quema de contenedores, lanzamiento de artefactos incendiarios contra sucursales bancarias y de seguros, "batzokis" (sedes sociales del PNV), corte de catenaria del Metro de Bilbao, apedreamiento de autobuses y varias algaradas callejeras.
GUIPÚZCOA
En la provincia de Guipúzcoa las primeras detenciones se produjeron en la madrugada del 30 de octubre, cuando miembros de la Policía Nacional arrestaron a siete personas, miembros de un presunto grupo de apoyo a la banda terrorista ETA, que tenía como misión realizar atentados mediante la confección y el lanzamiento de artefactos explosivos e incendiarios contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, edificios oficiales, sedes de partidos políticos, entidades bancarias y de ahorro, estaciones y unidades de ferrocarril, transportes públicos y mobiliario urbano.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decretó prisión incondicional incomunicada para cinco de los siete detenidos, a los que imputó un delito de integración en organización terrorista debido a que considera acreditada su pertenencia a la organización juvenil SEGI. Además, acusó a los cinco procesados de los delitos de estragos y daños terroristas.
Posteriormente, el 7 de noviembre fueron detenidos en San Sebastián cuatro jóvenes --Martín Mendizábal, Ekaitz Ezkerra, Jon Etxeberria e Iñaki Coloma-- por su presunta vinculación con actos de terrorismo callejero, en una operación en la que también se efecutaron 18 registros, incluidas las viviendas de los detenidos, alguna herriko taberna y los domicilios de algunos jóvenes que no puedieron ser localizados.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dejó posteriormente en libertad a los cuatro detenidos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado prisión sólo para el primero de ellos.
