MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias está dispuesta a emprender acciones legales "si fuera preciso" contra las personas que están difundiendo "falsedades" sobre los internos que hay en la prisión de Alhaurín de la Torre, en concreto, sobre los presos preventivos de la operación "Malaya", según explicó a Europa Press la directora general, Mercedes Gallizo, quien expresó su malestar por esta situación y quiso dejar claro que defenderá el "buen nombre de la institución y la profesionalidad de los funcionarios".
Gallizo expuso que en la dirección general hay un gran enfado por todos los comentarios que se están haciendo en los medios de comunicación y la información que se está vendiendo sobre la vida que hacen los internos enviados a prisión por la "operación Malaya". Explicó que "se están dando informaciones que nada tienen que ver con la realidad".
Apuntó que se están dando informaciones "sin ningún tipo de veracidad", así como "comentarios e intoxicaciones" que afectan a la "intimidad de los reclusos y al buen nombre de la institución y de sus funcionarios".
"Se trata de un asunto muy serio para el Estado y también para las propias personas que están sufriendo privación de libertad", exclamó.
La directora general de Instituciones Penitenciarias defendió a la plantilla de la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga), destacó su profesionalidad en situaciones difíciles.
Así, citó el trabajo realizado por estos profesionales tras operaciones policiales con trascendencia como la "operación Nilo", que significó la entrada en prisión, en menos de 48 horas, de más de 200 personas de nacionalidad nigeriana pertenecientes a una red ytambién a lo largo de este ejercicio, cuando han ingresado en ese centro penitenciario numerosas personas implicadas en la "operación Malaya", entre ellas el empresario Juan Antonio Roca, el ex alcalde, Julián Muñoz y la ex alcaldesa, Mari Sol Yague, la ex teniente de alcalde, Isabel García Marcos, entre otros.
Por ello, dejó claro que la Dirección General está dispuesta a "emprender acciones legales si fuera preciso para defender el buen nombre de la institución y de los funcionarios", ya que, insistió, "en muchos casos se venden como informaciones lo que no son sino falsedades e invenciones, utilizadas con un interés meramente sensacionalista por el medio que las emite y que incluso paga por ellas".
Recordó que muchas de estas informaciones proceden de testimonios de personas a las que se ofrece dinero por realizarlos y "no tienen ninguna credibilidad". Se trata, recalcó, de "intoxicaciones o de manipulaciones de los hechos".