BILBAO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, dijo hoy respetar la decisión adoptada por el juez Fernando Grande-Marlaska respecto al portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, aunque criticó el criterio "volátil y cambiante" del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
En declaraciones a Europa Press, García aclaró que su asociación tiene por norma "no valorar las decisiones judiciales" adoptadas en el ejercicio de su función, si bien dijo no dudar de que Grande-Marlaska "ha ejercido esa función de forma independiente y profesional".
"Si alguien piensa que Fernando Grande-Marlaska se ha podido equivocar, lo que tiene que hacer es interponer el recurso correspondiente", señaló, en alusión a la determinación de dejar en libertad bajo fianza al dirigente de la izquierda abertzale.
No obstante, el portavoz de la AMP agregó que, en este caso, se ha confirmado "una vez más" el criterio "volátil y muy cambiante de la Fiscalía General del Estado, que tampoco juzgamos en lo jurídico pero que, objetivamente, desde luego, no deja de sorprender".
"Sorprende que sobre unos mismos hechos y sobre circunstancias que no parece que sufran variaciones significativas, el criterio muda, no se alcanza muy bien a comprender exactamente por qué razón", explicó.
"LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD"
Por esta causa, realizó un llamamiento "a la responsabilidad de determinados sectores" ya que cree que el "escenario previo" a la toma de decidión por parte del juez respecto a Otegi, "vuelve a parecernos muy, pero que muy preocupante".
"Fundamentalmente -argumentó- por la atmósfera que se genera desde determinados sectores cuando los jueces tienen que decidir este tipo de cosas, sugiririendo, en función de una decisión que se anticipa, lo que es una actuación inconveniente, tomada en función de las presiones que se puedan ejercer de un lado u otro".
García consideró preciso actuar "con responsabilidad", de forma especial, desde las instituciones porque, a su juicio, "hay determinadas cosas que no se deben decir por responsables institucionales del máximo nivel antes de que los jueces adopten este tipo de decisiones".
"Hay que dejarles hacer su trabajo en un contexto de tranquilidad y reflexivo y no atizar el ambiente sugiriéndole implícitamente qué hace si hace una cosa y que deje de pasar si hace otra", concluyó.
