MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín, adelantó hoy en el Congreso de los Diputados que el Gobierno aprobará el Estatuto del Cooperante en las próximas semanas mediante un Real Decreto.
Pajín presentó esta mañana a los diputados de la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados el borrador elaborado por el Ejecutivo y que servirá de base para el texto final que se aprobará en Consejo de Ministros.
Entre las medidas novedosas de este Estatuto del Cooperante está la creación de una dotación financiera para el aseguramiento colectivo de los cooperantes, que será compatible con cualquier otro mecanismo de previsión del que puedan disfrutar estos últimos.
"Para ello contrataremos un seguro colectivo para todos los cooperantes acreditados como tales y que sus entidades deseen adherirse al mismo. De lo contrario, tienen la obligación de contratar por ellas mismas", subrayó la secretaria de Estado.
En este sentido, hizo hincapié en que se trata de un seguro colectivo que será sufragado "en la parte que corresponda" con fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y en el que también podrán adherirse, como ya lo han manifestado, aquellas Comunidades Autónomas, entidades locales y otras entidades promotoras de cooperación que lo deseen.
Pajín elogió el papel de los cooperantes en el exteriores por ser las "terminales más sensibles" de la cooperación internacional, así como los "embajadores permanentes" de la solidaridad del Estado.
CRÍTICAS POR NO SER UNA LEY
El portavoz de CiU en esta Comisión parlamentaria, Carles Campuzano, reprochó al Ejecutivo que haya elegido la vía del Real Decreto para aprobar este Estatuto del Cooperante cuando, en su opinión, lo mejor hubiera sido una ley específica sobre este caso.
En cualquier caso, se felicitó por este "paso adelante hacia la buena dirección" ya que la mayoría de los grupos parlamentarios reclamaban desde 1998 la aprobación de este texto. Campuzano lamentó que el borrador gubernamental no incorpore medidas en el ámbito de la fiscalidad y que haya una escasez de formación desde las instituciones públicas.
Además, hizo hincapié en que algunas entidades han planteado que hay que ser capaces de introducir "elementos de flexibilidad" a la hora de acreditarse como cooperante ante la AECI "en situaciones puntuales para emergencias de carácter humanitario". Por último, reclamó una nueva lista de beneficiarios del régimen de indemnizaciones que equipare a cooperantes y misioneros con diplomáticos, militares, policías o periodistas en caso de fallecimiento en el exterior.
Por su parte, el diputado del PP Gonzalo Robles criticó al Gobierno, en línea con CiU, PNV y ERC, que no tenga rango de ley este Estatuto del Cooperante. "Nuestra preocupación es que a través de esta regulación habrá que modificar otras leyes en fiscalidad y contratos legales", advirtió al respecto.
A su juicio, las medidas para favorecer el retorno del cooperación a España se abordan "de manera insuficiente" y no se contemplan indemnizaciones de viajes para los cooperantes. Además, estimó que el voluntariado debería tener "algún encaje" en este Real Decreto, sobre todo en lo relativo al desarrollo de sus funciones.
MAYOR COOPERACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES
Mientras, Aitor Esteban (PNV) felicitó al Ejecutivo por abordar esta iniciativa "que se estaba retrasando en demasía" y expresó la opinión "favorable y optimista" de su grupo parlamentario al proyecto. Eso sí, puso objeciones a que se haya descartado el rango de ley para este Estatuto --"nos parece que hay algunas cosas que podría tener mejor encaje si no es con norma de rango de ley", dijo-- y opinó que el borrador debería subrayar más la cooperación entre administraciones.
En este sentido, criticó que se asigne a la AECI la competencia en exclusiva de certificar quién es cooperante. "Quizás sea un poco rígido el que la entidad promotora de cooperación tenga que estar ligada a la AECI", manifestó. Por ello, propuso que se abra este certificado a autoridades autonómicas y locales.
En la misma línea se expresó Ramón Torres, de ERC, al valorar "muy positivamente" este nuevo Estatuto del Cooperante. "Sólo el hecho de que se reconozcan derechos como la formación o el amparo son pasos impresionantes en zonas de conflicto", puso como ejemplo.
Su grupo también hubiera preferido la vía proyecto de ley y que la iniciativa "sea obra de todos" y dejó claro que habría que ampliar a la Administración autonómica y local la posibilidad de certificar la documentación del contrato de cooperante, una labor que en el borrador recae en la AECI.
En último lugar, Eduardo Madina (PSOE) censuró al PP que no hiciera nada al respecto desde 1998 hasta 2004 y se congratuló que con este Estatuto, los cooperantes dejen de ser vistos como personas con una "labor transitoria". Además, destacó el derecho de reinserción que facilitará el retorno del cooperante español que ha trabajado varios años en el exterior. "Facilitar esa tarea era de debido cumplimiento", aseveró.
OBJETIVO, "LO ANTES POSIBLE"
En el turno de réplica, Pajín justificó la vía del Real Decreto ya que el objetivo del Gobierno era regular este trabajo "lo antes posible". En cualquier caso, insistió en que se ha querido hacer partícipe a todos los estamentos administrativos y actores de la cooperación.
La secretaria de Estado se mostró de acuerdo en ampliar el cuadro de enfermedades a las que se exponen los cooperantes, tal y como sugirió CiU, aunque puntualizó que este punto se abordará una vez entre en vigor este Estatuto del Cooperante.
En el asunto de becas y ayudas, señaló que la AECI ya dispone de becas de formación para jóvenes cooperantes. Sobre la petición de varios grupos de mencionar también la labor de los voluntarios, Pajín recordó que existe en la actualidad una norma específica para ellos. "Hoy queremos abordar del cooperante, una figura distinta. Es importante su diferencia ya que no se debe mezclar ambas figuras", hizo hincapié.
"Queremos que entre en vigor lo antes posible este Estatuto. Creemos que todos damos una respuesta con este Real Decreto al núcleo de reivindicaciones de los cooperantes", concluyó.
