PALMA DE MALLORCA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -
El aparejador Marcos Nicolau, que compareció hoy en calidad de imputado dentro del caso que investiga las presuntas irregularidades en la construcción del Palma Arena, aludió ante el juez al retraso sufrido en las obras de ejecución con el primer arquitecto del velódromo, Ralph Schürmann, por lo que quienes le sustituyeron, los hermanos Luis y Jaime García-Ruíz, debieron afrontar ampliaciones y mejoras que ya no estaban presupuestadas en la licitación inicial.
Tal y como señalaron a Europa Press fuentes judiciales, el encausado se pronunció así durante su comparecencia ante el magistrado José Castro, que se prolongó durante más de dos horas y media, y en la que fue inquirido acerca de las causas que conllevaron al desfase en el coste de la construcción -el presupuesto inicial de 48 millones de euros se disparó a unos 110 millones en dos años-, pese a que eludió hablar de una "negligencia" por parte de Schürmann.
El imputado, asistido por el abogado Juan Mulet, señaló que la UTE encargada de los trabajos -integrada por las empresas FCC y Melchor Mascaró- pidió autorización para comenzar las obras que habían sido licitadas por 48 millones de euros con el objetivo de finalizar la ejecución "lo antes posible" y tenerla lista a fin de poder albergar el Mundial de Ciclismo de 2007, como así acabó sucediendo finalmente.
Sin embargo, tal y como apuntó Nicolau ante el juez, los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán y los numerosos abogados personados en la causa y que estuvieron presentes en la declaración, la unión de empresas fue reclamando después mejoras y ampliaciones que no habían sido licitadas ni certificadas. Según señaló, él mismo se encargaba de fiscalizar las obras como aparejador.
Tras su declaración procedió a declarar el ex director general de Deportes del Consell de Mallorca, Antoni Palerm, quien reconoció haber facturado más de 840.000 euros a través de sus empresas por diversos trabajos durante la ejecución del velódromo palmesano, aunque su abogado, Eduardo Valdivia, negó que la actitud de su cliente fuese delictiva pese a que se le imputan cargos por negociaciones prohibidas a funcionarios.
