SEVILLA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz manifestó hoy por una unanimidad su convicción de que todas las formaciones políticas elaboren códigos de conducta de sus cargos públicos, que impliquen, entre otros aspectos, la expulsión inmediata de toda persona que se encuentre procesada por delitos relacionados con la corrupción, así como el compromiso expreso de cooperación con la justicia.
Este pronunciamiento del Parlamento se incluye dentro de una enmienda socialista a una proposición no de Ley, presentada por IULV-CA, sobre medidas para prevenir y combatir la corrupción y regenerar la vida democrática de Andalucía. PSOE-A rechazó algunos de los puntos de la iniciativa.
El Parlamento demandó también por unanimidad a la Junta que regule y limite los regalos e invitaciones de los empleados públicos; que vele por el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en relación con los registros administrativos de los instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de bienes y espacios catalogados; y que dote de medios a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y a la Agencia Tributaria Andaluza para la investigación del fraude y delito fiscal.
No obstante, el PSOE-A rechazó que la Cámara inste a la Junta a
establecer comisiones de control y seguimiento de la contratación y externalizaciones en consejerías y organismos dependientes de la Junta, con participación de representantes de los trabajadores y, en su caso, de los partidos de la oposición y de las asociaciones de vecinos.
También por unanimidad, el Parlamento solicitó al Gobierno andaluz que demande al Estado a incrementar las sanciones penales aplicables a los delitos vinculados con la corrupción, adoptar las medidas legislativas pertinentes para aumentar la transparencia de la financiación de los partidos políticos; tipificar como delito los sobornos del sector privado y adoptar las recomendaciones del Informe del Grupo de Estados contra la Corrupción, dependiente del Consejo de Europa, hecho público el pasado 28 de mayo.
Por último, el PSOE-A rechazó que la Junta inste al Estado a establecer la responsabilidad subsidiaria para las instituciones financieras que colaboren en ocultación de bienes, evasión de capitales y operaciones en paraísos fiscales de los condenados en delitos vinculados a la corrupción.
En su defensa de la iniciativa, el portavoz del grupo parlamentario de IULV-CA, Diego Valderas, consideró que la pérdida de la credibilidad de la clase política por casos de corrupción, que influyen en el deterioro de la democracia, requieren de un "gran debate" en la Cámara andaluza. "Sólo con medidas duras y contundentes se podrá ganar en ética y en democracia", agregó.
Valderas dijo que los corruptos dañan la economía, la democracia y a las instituciones, añadiendo que cuando un cargo incurre en el delito de corrupción desprecia los principios democráticos y de vocación pública. "La ciudadanía está llamada a abandonar tolerancias con los corruptos, al no darle importancia en los procesos electorales", sostuvo el dirigente de IULV-CA, quien abogó por poner en marcha más y nuevas penas frente a la corrupción y el transfuguismo.
PP-A: RESPUESTA "CLARA Y CONTUNDENTE"
Por su parte, el diputado del PP-A Jorge Ramos, que aseguró que su formación cuenta con el respaldo de su partido, indicó que la corrupción es una realidad contra la que hay que actuar de manera "clara y contundente". "Hay que tomar medidas inequívocas de tolerancia cero", sostuvo el 'popular', quien añadió que su formación quiere ser y estar a la vanguardia de la lucha contra la corrupción.
Ramos, que afirmó que el PSOE-A no tiene capacidad de regeneración democrática y que prueba de ello es que niega sistemáticamente las comisiones de investigación solicitadas por los grupos de la oposición, consideró que la mejor manera de luchar contra la corrupción es la prevención.
Asimismo, el diputado de PP-A indicó que la formación está trabajando en un paquete de medidas contra la corrupción que presentará en el Parlamento andaluz en el momento oportuno. Además, afirmó que todo el peso de la ley debe recaer sobre el responsable de los casos de corrupción, añadiendo que el PP-A apoya todo lo que sea tendente a endurecer las sanciones penales y el control de la financiación de los partidos.
Por último, el diputado del PSOE-A José Juan Díaz Trillo dijo que no va a aceptar "provocaciones" de ningún partido y que el PP-A diga que el PSOE-A no tiene capacidad de regeneración democrática. Y es que, según dijo, tales acusaciones provienen de un partido que ha atacado al juez que instruye en caso Gürtel, a los fiscales y a los política y al sistema de escuchas que ha permitido llevar a cabo investigaciones contra la corrupción.
Díaz Trillo, que pidió al PP-A que haya una depuración democrática en sus propias filas y que actúe de manera ejemplarizante, dijo que la lucha contra la corrupción requiere respeto, "pero no un respeto de pegatina, sino de verdad".