BARCELONA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Parlament inició hoy la tramitación de la Ley de Servicios Sociales de Cataluña al desestimar, con los votos en contra de los tres grupos del Gobierno y la abstención del PP, la enmienda a la totalidad presentada por CiU en su debate inicial. La ley, que se prevé que pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2007, será la primera de España en incorporar una cartera de prestaciones sociales de carácter universal, además de una "carta de derechos y deberes de las personas en relación a estos servicios", destacó la consellera de Bienestar y Familia, Anna Simó.
Esta cartera de servicios, que será de carácter universal pero con nivel de copago por parte del usuario, será aprobada anualmente por el Parlament, conjuntamente con la Ley de Presupuestos. A la hora de acceder a los distintos servicios sociales, como una plaza residencial del sistema público, la nueva ley sólo tendrá en cuenta la renta de la persona usuaria y no la de sus hijos, como se hace actualmente, en un intento de que la clase media pueda recibir estas prestaciones.
La nueva normativa también propone que los patrimonios sin herederos sean donados a los servicios sociales con el objetivo de asegurar su financiación y que se analicen todas las solicitudes para acceder a las prestaciones sociales. Otros puntos del proyecto de ley es que las administraciones no se pasarán la responsabilidad a la hora de atender las necesidades de los ciudadanos y la instauración de una 'ventanilla única' para los servicios sociales.
Simó remarcó el "salto cualitativo y cuantitativo" que representa la tramitación de una ley "que fue reclamada por los cinco partidos catalanes" y reclamó a todos los grupos "el máximo esfuerzo de consenso posible" para la aprobación final de la ley.
En este sentido, expresó su "sorpresa" por la enmienda a la totalidad de CiU, de la que dijo que se "pueden hacer muchas interpretaciones, sin que ninguna tenga que ver con los servicios sociales", alegando que hasta hoy la federación no había planteado modificaciones al proyecto. Para la consellera, la enmienda a la totalidad de CiU está "muy poco sustentada" y tras ella "hay una voluntad de frenar el curso de la actividad normativa del gobierno en materia social".
Simó destacó el "debate" de "más de un año" que ha dado origen al proyecto de ley, que ha "incorporado" aportaciones fruto del "elevado nivel de participación de las federaciones municipalistas y de la mesa del tercer sector social, entre otras entidades" implicadas en la atención social.
PARA CiU, UNA "LEY VACÍA".
El diputado de CiU Josep Lluís Cleries calificó el proyecto de ley presentado de "ley vacía" y aseguró que se trata "sólo" de "una declaración de principios que no responde a las expectativas creadas". Cleries denunció que la "supuesta cartera de servicios" no aparece en el articulado de la ley "si no es de forma imaginaria", aunque "se haya querido vender" otra cosa a los medios de comunicación.
Por contra, según Cleries, la ley prevé que la aprobación de la cartera se realice "por decreto del Gobierno y sin participación del Parlament": "A la ley le falta lo más importante. Nos piden un cheque en blanco que CiU no les piensa dar", afirmó Cleries para justificar la enmienda a la totalidad de su grupo.
Respondiendo al reproche de la consellera, Cleries señaló que "participación no quiere decir consenso o que se hayan recogido las aportaciones" de esta participación social y local. Asimismo, el diputado acusó al Gobierno de "romper las comarcas" con esta ley al establecer que parte de estos servicios serán asumidos por las diputaciones mientras no haya veguerías, de forma que, según Cleries, "crean estructuras efímeras, por simple desconfianza en los Consells Comarcals".
La consellera explicó que la cartera de servicios de la ley consagra la "corresponsabilidad financiera y de planificación" entre la Generalitat y "los entes locales" creando comisiones mixtas para planificar los servicios del territorio.
Por su parte, la diputada de ERC Carme Capdevila respondió de forma airada a Cleries, acusándolo de ser "un maleducado" que no muestra "ningún respeto a las instituciones". "Ustedes ya están en campaña electoral y su intención es sólo la de desgastar el gobierno", espetó Capdevila, que acusó a CiU de "querer evitar" que se apruebe esta ley de servicios sociales.
DIFUCULTADES PARA EL CONSENSO.
En cuanto al hecho de que la norma no incluya la especificación de la cartea de servicios, Capdevila destacó la voluntad de los grupos del tripartito de "trabajar" para definirla en el Parlament "con el objetivo que el 1 de enero entre en vigor la ley y también la cartera de servicios, que después se deberá ir actualizando". Capdevila acusó a CIU de "romper el consenso" necesario para tramitar esta ley, con su enmienda a la totalidad.
El diputado del PP de Cataluña Joan López criticó además la "falta de credibilidad" con la que, en su opinión, la consellera Simó llegaba al Parlament, después de "su gestión de las pensiones de viudedad" o "su gestión de la atención a la infancia", entre otros casos.
La diputada de ICV-EA Dolors Comas denunció, por su parte, la "falta de credibilidad" de Cleries, al representar un sistema de servicios sociales de los Gobiernos de CiU basados, según Comas, en "el clientelismo", la "dejadez" y la "debilidad de la administración pública".
Actualmente, los servicios sociales de Cataluña ofrecen asistencia a un total de 850.000 personas y está previsto que a finales de 2008, tras dos años de aplicación de la ley que empezó hoy a tramitarse en el Parlament, ya puedan acceder 500.000 catalanes más.
