El Parlamento quiere reformas para ajustar el gasto del Gobierno en publicidad y vigilar los contratos de consultoría

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento quiere que el Gobierno impulse reformas legales que obliguen a presupuestar con más rigor el gasto previsto por los distintos ministerios y organismos autónomos para publicidad y propaganda, así como que desde la Administración se extreme la vigilancia a la hora de contratar servicios externos, por ejemplo de consultoría, según se recoge en las propuestas de resolución analizadas esta tarde en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Durante la reunión que mantuvo en el Congreso, la Comisión Mixta estudió una serie de propuestas de resolución que PSOE, PP y el Grupo Mixto presentaron al informe de fiscalización sobre los gastos aplicados por distintos ministerios, entre otras cosas para proyectos de publicidad y propaganda y para la realización de estudios y trabajos técnicos en 2002 y 2003.

Así, las Cortes pretenden que el Gobierno plantee reformas legislativas para que se atribuya el carácter de "crédito limitativo y vinculante" a la dotación presupuestaria para los conceptos de publicidad y propaganda y que "procure adecuar las obligaciones contraídas a las cuantías de las dotaciones presupuestarias".

De esta forma, la Comisión asume las recomendaciones del órgano fiscalizador que, en el citado informe, denunció que se habían producido importantes "desviaciones presupuestarias" en la ejecución de las partidas previstas para publicidad y propaganda.

SÓLO SI NO HAY MEDIOS PROPIOS

Igualmente se busca que los ministerios y organismos autónomos "extremen el cuidado" cuando se contrate a empresas externas para realizar tareas "propias del personal al servicio de la Administración" y se recalca que habrá de justificarse la "insuficiencia de medios propios" si se quiere recurrir a servicios externos.

Respecto a este asunto, el PP había defendido que la Administración General del Estado restrinja la utilización de la figura del convenio, en sustitución de la contrato para hacerse con este tipo de servicios.

Asimismo, el primer partido de la oposición había avisado de que cuando se contrate personal ajeno a la Administración se habrá de tener cuidado para evitar que una sentencia judicial acabe obligando a admitir como trabajadores públicos a quienes han estado prestando este tipo de servicios durante un tiempo continuado.