El Parlamento rechaza la petición del PP de avalar al Tribunal de Cuentas en su conflicto con Solbes por un informe

Actualizado: martes, 19 diciembre 2006 13:13

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas rechazó hoy la petición del PP de avalar a la entidad fiscalizadora en el conflicto abierto entre la institución y el Ministerio de Economía por un informe de fiscalización sobre la elaboración de los presupuestos de 2006. La proposición no de ley sólo fue apoyada por los 'populares', mientras que el PSOE y el resto de grupos la rechazaron.

A finales de octubre, el Tribunal de Cuentas se quejó a las Cortes de que el vicepresidente Pedro Solbes le negaba una documentación que necesita para su informe sobre la preparación de los Presupuestos Generales del Estado de 2006. Economía esgrime un informe de la Abogacía del Estado donde se señala que la entidad fiscalizadora no es competente para examinar los trabajos previos de los Presupuestos, sino su ejecución.

En ese contexto, la portavoz del PP en la Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas, Ana María Madrazo, acusó al Gobierno socialista de "opacidad" y "falta de colaboración" con la institución, y emplazó a Economía a colaborar con el Tribunal de Cuentas y "dejar de poner trabas" a su labor.

La iniciativa pretendía instar al Gobierno a que solicite al Ministerio de Economía y Hacienda la entrega de la documentación requerida por el Tribunal de Cuentas. También se expresaba el apoyo de los grupos parlamentarios para que se elabore el citado informe por parte del Tribunal de Cuentas un informe.

Sin embargo, el PSOE rechazó la iniciativa insistiendo en que la labor fiscalizadora del Tribunal de Cuentas ha de centrarse en la ejecución de los presupuestos, no en su proceso de elaboración. El portavoz socialista, Francesc Valles, acusó al presidente del Tribunal, Ubaldo Nieto, de haber "politizado" este conflicto constitucional y quiso dejar claro que si se cambian las condiciones de la función fiscalizadora, lo debe hacer el Tribunal Constitucional, no una mayoría parlamentaria.