Solicita que se reconozca al Gobierno vasco competente en el control e inspección de la seguridad privada en Euskadi
VITORIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento vasco, con el rechazo de PP, ha defendido que las políticas de seguridad tienen que "seguir estando en manos de los poderes públicos" y, en consecuencia, ha rechazado "abiertamente" el proyecto de ley de Seguridad Privada, en el que "subyace un claro intento de expandir la privatización en este ámbito"
La Ley de Seguridad Privada llega este jueves al Congreso para su aprobación definitiva, tras rechazar los cinco vetos presentados por IU, ICV, PSC, ERC y PSOE, quienes consideran que esta normativa busca satisfacer a las empresas del sector privado en detrimento de la seguridad pública y las competencias de las Fuerzas de Seguridad del Estado
Tras incorporar medio centenar de enmiendas sobre las competencias de los vigilantes privados, finalmente no podrán asumir funciones en calles comerciales peatonales pero sí en parques o complejos comerciales y de ocio que se encuentren delimitados. También podrán detener a delincuentes para ponerlos a disposición de las fuerzas de seguridad si son sorprendidos en flagrante delito.
El Parlamento vasco considera que las políticas de seguridad tienen que "seguir estando en manos de los poderes públicos" y, en consecuencia, rechaza "abiertamente" el proyecto de ley de Seguridad Privada, en el que "subyace un claro intento de expandir la privatización en este ámbito".
Además, pide a las Cortes generales que reconozcan que el Gobierno vasco es competente en la autorización y control e inspección de todos los servicios de seguridad privada que se presten en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País vasco y solicita al Ejecutivo vasco que defienda "en todos los ámbitos", el carácter público de las políticas de seguridad.
El parlamentario de PSE Mikel Unzalu, que ha llevado este debate a la Cámara vasca, ha criticado el respaldo inicial del PNV a la ley en el Congreso y cree que la nueva norma no es una "mera actualización" de la anterior como defiende el PP, sino que busca "conceder a los vigilantes privados, atribuciones que antes eran exclusivamente para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
"Esta ley es gravemente lesiva para el interés democrático de la ciudadanía porque quiere traspasar la seguridad del Estado a manos privadas", ha denunciado.
El parlamentario del PNV Joseba Zorrilla ha defendido la necesidad de modificar la ley que se ha quedado "obsoleta" con la evolución de este sector "importante" que mueve más de 3.200 millones de euros con 1.500 empresas que emplean a casi 90.000 personas.
Sin embargo, ha explicado que a pesar de que el PNV apoyó inicialmente el cambio normativo al ver la necesidad de modificar la ley de 1992 y que se ha respetado el reparto competencial de la seguridad privada, su formación no ha respaldado el nuevo texto en el Congreso y ha votado en el Parlamento vasco a favor de su rechazo porque "el espíritu de la nueva ley no es adecuado".
El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha criticado que la nueva ley "homologa" las responsabilidades de la policía municipal a las de los agentes de seguridad privada, "como si no fuera suficiente con los cuatro uniformes que ya estamos acostumbrados a ver" y en consecuencia, "ampliando los ratios de policía por habitante".
Además, ha criticado que con la ley "se privatiza la seguridad pública y el espacio público", dando nuevas atribuciones a empresas que "constituyen un lobby inmanejable, con intereses especulativos de todo tipo, por no hablar de las vinculaciones con sectores de extrema derecha"
El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha expresado su apoyo al texto al estar de acuerdo con los argumentos planteados por el PSE y con el texto acordado.
Finalmente, la parlamentaria del PP Nerea Llanos ha considerado que el texto aprobado en el Parlamento vasco tiene críticas que "no tienen sentido" porque en la tramitación parlamentaria, el articulado de la Ley de Seguridad Privada se ha modificado.
"No hay una privatización", ha defendido antes de advertir al resto de grupos que "no tiene ningún sentido convertir al Parlamento en la segunda instancia del Congreso de los Diputados, a no ser que consideren que sus partidos hacen mal la oposición" en las Cortes generales.
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