El Parlamento vasco pide a los tribunales que no apliquen el criterio de acumulación de penas del Tribunal Supremo

VITORIA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento vasco, con los votos a favor del tripartito y EHAK, aprobó hoy una proposición no de Ley en la que pide a los tribunales que no apliquen el critero de acumulación de penas del Tribunal Supremo, con el fin de que las redenciones de las penas se apliquen sobre cada condena individual. De esta forma, emplazan a los órganos judiciales a que apliquen la normativa anterior.

De esta forma, la Cámara rechazó el cambio de criterio emprendido por el TS a raíz del caso de preso de ETA Henri Parot, al considerar que "infringe los principios de legalidad, de seguridad jurídica y de retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales".

El texto solicita "a los órganos e instancias competentes, que apliquen la normativa en el mismo sentido en que lo venían haciendo con anterioridad al cambio operado en la sentencia de febrero de 2006" del Supremo.

La proposición no de Ley presentada por EA recibió los votos a favor del tripartito (PNV, EA y EB) y EHAK -un total de 37 apoyos- y los votos en contra de PP y PSE-EE -33 respaldos-. Aralar, por su parte, no participó ni en el debate ni en la votación al encontrarse enferma Aintzane Ezenarro.

SEPARACION DE PODERES

En defensa de la iniciativa, José Antonio Rubalkaba (PNV) manifestó que los crímenes cometidos por Parot "repugnarían a cualquier demócrata", pero acusó al PP de "no respetar la separación de poderes que propugna". A su juicio, a través de la presión de "sus medios de comunicación", provocó esta decisión del Tribunal Supremo.

"Esta sentencia fue un subterfugio para que cumplieran más penas", aseguró, para añadir que el PP ha hecho "una sinrazón" al lograr, "gracias al clamor popular", este cambio de criterio que afectará a todos los presos.

El representante jeltzale manifestó que los jueces también pueden ser criticados y dijo que el Supremo debería haberse enfrentado al PP y a sus medios, y seguir con el criterio que venía manteniendo desde 1973. "Fue una decisión obligada por las circunstancias y porque el PP achuchó", concluyó.

Desde EA, Unai Ziarreta dijo que, con esta sentencia, se ha realizado una reforma de la doctrina judicial "basada en la venganza" y pidió dejarla sin valor "por los tiempos de esperanza en los que estamos".

Asimismo, aseguró que "vulnera los derechos fundamentales de los presos, porque el objetivo de la política penitenciaria debe ser su resocialización", y acusó al PP de que, "en connivencia con el PSOE" ya inició en 2003 el camino para que esto sucediera.

Ziarreta criticó, asimismo, que se vaya a aplicar a todos los presos enjuiciados, antes incluso de la entrada en vigor de esta medida, y recordó que el Supremo venía aplicando "pacíficamente" desde 1973 el criterio de refundir las penas en una sola de 30 años.

Además, advirtió de que esta "medida política" tendrá una enorme incidencia en la política penitenciaria, "que ahora será muy importante tras el alto el fuego anunciado por ETA", y concluyó indicando que "vulnera principio de legalidad".

El portavoz de EB, Oskar Matute, aseguró que la proposición no de ley "es una iniciativa oportuna, porque denuncia una vulneración de primer orden con la que se rompe la garantía de los derechos de los reos", y acusó al Supremo de hacer "una lectura 'ad hoc' motivada por la presión mediática y por el interés de algunos grupos".

En este sentido, consideró que se sitúa al poder judicial "en el nivel más bajo de credibilidad" y recordó que la prisión debe garantizar la reinserción "y no suponer una cadena perpetua", antes de criticar su retroactividad y de advertir de que será "un muro" con el que se topen los presos en los próximos años "que ojalá sean de pacificación".

Asimismo, manifestó que supone "una vuelta de tuerca del Código Penal" y agregó que "afectará a 130 presos de ETA pero no a Enrique Rodríguez Galindo".

La representante de EHAK, Nekane Erauskin, consideró que la proposición "es parcial y humilde" en el momento actual porque "no analiza la política vulneradora de derechos que se desarrolla en las cárceles de los Estados español y francés", y abogó por "denunciar con contundencia la política penitenciaria", que calificó de "obstáculo" para el proceso iniciado en Euskadi. Sin embargo, anunció su voto favorable.

Indicó que el cambio de criterio del Supremo responde a las actuaciones de PP y PSOE, y consideró que "vulnera la jurisprudencia", antes de criticar el hecho de que se trate a los presos vascos como "un colectivo especial", pero que no se les reconozca como presos políticos y "como agentes en el proceso político".

PP y PSE-EE

Desde el PP, Leopoldo Barreda abogó por respetar la separación de poderes y acusó a EA de "mezclarlo todo" en su explicación de la iniciativa, antes de asegurar que "no ha habido un cambio de criterio" por el simple hecho de que "antes no había un criterio jurisprudencial sobre esta materia".

Aseguró que algunos grupos "confunden justicia con venganza" y pidió respeto para la independencia de los jueces, así como "una mínima base" antes de acusarles de prevaricación.

En este sentido, apreció una "intención política" en la argumentación jurídica destinada a "favorecer acuerdos con ETA-Batasuna" y dijo que los populares "no están dispuestos a que se les acuse de todo".

El portavoz del PSE-EE, Rodolfo Ares, defendió también la separación de poderes, pero dijo que el camino para resolver las diferencias de opinión en torno a un tema como éste, no es presentar una iniciativa en el Parlamento vasco, sino recurrir la sentencia e impulsar medidas para cambiarla, por lo que rechazó seguir interviniendo en el debate, no sin antes anunciar su voto en contra.