Parlamento vasco rechaza investigar las "irregularidades" denunciadas por PP en los estudios cursados por presos de ETA

VITORIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento vasco rechazó hoy, por 57 votos en contra y 15 a favor (PP), una propuesta de resolución presentada por los populares en la que se instaba a crear una comisión especial de investigación para examinar las responsabilidades políticas derivadas de las "irregularidades" en los estudios cursados por presos de ETA en la Universidad del País Vasco.

En el debate en el Pleno de la Cámara vasca, el parlamentario del PP Leopoldo Barreda acusó al rector de la UPV, Juan Ignacio Pérez Iglesias, de "faltar a la verdad" en su comparecencia ante la Comisión de Educación del Parlamento vasco, donde habló sobre presuntas irregularidades en los estudios cursados por presos de ETA en la UPV, y lamentó el "descrédito permanente" que sufre la institución académica.

El parlamentario del PP dijo que vuelven a tratar este tema para reflejar "la preocupación social" y aseguró que el rector "faltó a la verdad" al decir que no existía un informe sobre este asunto. Barreda aseguró que sí lo hay y que consta de 540 páginas, y añadió que no se trata de "ninguna tontería".

Apuntó que lo que se pretende es que la Universidad "roce la legalidad" y agregó que ante esto su grupo quiere "saber la verdad y conocer las anomalías y las incidencias" referidas a los privilegios de algunos presos que han cursado estudios en la UPV, así como que "respondan de sus actos quienes hayan colaborado en esto".

"No decimos que la UPV colabore con ETA, pero la incomodidad de sus dirigentes no se ha traducido en acciones", dijo el portavoz popular, quien agregó que además se han puesto en marcha protocolos que "enfrentan a la UPV con la justicia".

Tras lamentar el "descrédito permanente" que está padeciendo esta institución académica, dijo que el Parlamento vasco "debe hacer algo" para responder a las sucesivas denuncias de "prácticas mafiosas" y al "cúmulo de presuntas irregularidades" que se han producido en esta institución.

"Ante esto el Parlamento no puede encogerse de hombros ni adoptar la actitud de la UPV", manifestó Barreda, quien recordó, además, que el rector "puso la excusa de la informática" para explicar la migración de datos. "¿Por qué se denunció esto antes de modificar el sistema informático?", se preguntó el representante del PP, antes de concluir mostrando su deseo de "constituir una comisión para defender la legalidad y el principio de igualdad" y para "recuperar la confianza en la Universidad".

RESTO DE GRUPOS

Desde el PNV, Estíbaliz Hernaez, instó a tener "las cosas claras" en el sentido de que "en la UPV siempre se han ofrecido estudios a alumnos de diversa filiación y siempre respetando la ley", y añadió que "no se puede probar que haya habido trato a favor porque no hay ninguna sentencia en este sentido".

Asimismo, manifestó que la acusación más grave que se ha producido en torno a este tema es la que provenía de una asociación "que denunció a la UPV por colaborar con ETA", pero apuntó que este tema "ha sido archivado".

La representante socialista Isabel Celaá dijo que el PP "tiene dificultad para entender la presunción de inocencia" y recordó a esta formación que "hay abierta una investigación para esclarecer si hay o no irregularidades".

Tras recordar que el ex ministro de Justicia José María Michavila, "afirmó que la UPV era un instrumento al servicio de terroristas", pidió a las populares que tengan la "obligación ética de evitar cualquier manipulación fácil del trato dado a los presos".

Así, dijo que el tema de la presuntas irregularidades "es muy grave y serio" y animó a no achacar al conjunto de los profesores los posibles "delitos" que cometan unos pocos. Recordó que en lo que va de legislatura ha habido ocho debates sobre "presos y UPV" y añadió que el PP "propone una tarea imposible que sabe que nunca prosperará".

Unai Ziarreta, de Eusko Alkartasuna, dijo que este tema "no es novedoso" ya que empezó con el rector Manuel Montero y acusó a los populares de decir "medias verdades, mentiras y aseveraciones imposibles de probar".

"Dicen que hay un estado de alarma social y no es cierto", advirtió, antes de agregar que tampoco es verdad que haya habido "trato de favor hacia ningún recluso". Asimismo, dijo que aunque hay profesores que "no pueden expresarse en libertad", esto se deberá abordar "en un proceso de normalización".

Afirmó que lo que sí hubo fue una "utilización ilegítima y torticera de datos privados" y concluyó pidiendo al PP que "retire su petición porque sólo causará aún más daño a la UPV".

El portavoz de EB, Oskar Matute, aseguró que a su grupo no le parece mal investigar las irregularidades, ya que en algunos casos es necesario, pero criticó al PP porque "lejos de la lógica racional busca un elemento que tensione a la sociedad".

Así, consideró que a esta formación "le dan igual las palabras del rector o que la querella de Manos Limpias se haya estrellado", y dijo que "sólo repiten algo que no existe, una trama que favorece a determinadas personas vinculadas a ETA, que por fortuna no existe".

"Ustedes no quieren saber la verdad, ustedes quieren que se imponga su verdad", acusó Matute, antes de indicar que también "desoyen a la Audiencia Provincial". En este sentido, aseguró que el informe de que dispone esta formación "es de la Guardia Civil, de literatura fantástica".

Ademá, advirtió de que "la mejora manera de ayudar a la UPV no es decir que el rector miente" y tras reiterar que "no existe el problema", apuntó que "aún así le da igual echar por tierra la imagen de la UPV y del rector", porque "persigue el fin político de situar a la sociedad en tensión, y a Euskadi al servicio de intereses delictivos, solo para seguir teniendo eco en panorama político", lamentó.

Por último, les acusó de "querer abrir otro frente ahora que el catalán se extingue", y concluyó manifestando que "por fortuna su estrategia cada vez es menos secundada".

Desde Aralar, Aintzane Ezenarro reclamó un "debate tranquilo y sosegado" y dijo que esta petición responde al deseo del PP de "salir en la foto". Acusó a este grupo de "faltar a la verdad" y de "hacer acusaciones graves sobre el rector al decir que miente, a pesar de que quienes hacen eso son ustedes".

Tras indicar que "queda claro que no hay irregularidades", les achacó un incumplimiento constante de "los mínimos de la ética política", y denunció que "están a favor de la restricción de los derechos humanos".

En el segundo turno de intervención, Barreda negó que el informe provenga de la Guardia Civil mientras que Matute dijo que la intervención del PP "tiene tintes perversos". Ziarreta, por su parte, criticó el "linchamiento moral que se hace a la UPV" y defendió el derecho a la educación de todas las personas, antes de concluir asegurando que "el PP opta por la vía de la venganza".